Según ha informado CECO, "en nuestro ordenamiento jurídico la seguridad jurídica aparece como una exigencia fundamental para el mantenimiento del ordenamiento jurídico, vinculada a la estabilidad económica y social, y a nuestro entender es necesario dotar de seguridad jurídica a las empresas radicadas en Córdoba, no pudiéndose convertir la innovación del PGOU en un instrumento limitante de la actividad de las empresas ya establecidas y que cuentan con las licencias preceptivas para su funcionamiento".
CECO considera que "la seguridad jurídica es uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional, debido a la necesidad de que los ciudadanos sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con los demás particulares. Este debe entenderse como la confianza que los ciudadanos y, por ende, las empresas, pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes".
Además, en opinión de la patronal cordobesa, "la seguridad jurídica se asienta sobre el concepto de predictibilidad, es decir, que cada uno sepa de antemano las consecuencias jurídicas de sus propios comportamientos".
Por tanto, CECO entiende que esta innovación del PGOU "supone una quiebra de este principio para aquellas actividades empresariales y económicas que, en la actualidad, legalmente desarrollan su actividad y cuentan con las licencias, permisos o autorizaciones administrativas precisas".
Por eso, "dado que el que se produzcan actuaciones de este tipo puede llegar a retraer el mantenimiento o la implantación de futuras actividades empresariales, al considerarse Córdoba como una ciudad no adecuada para invertir por temor a que el PGOU pueda convertirse en un instrumento de modificación de las condiciones en las que realizan su actividad, CECO, dentro del plazo conferido al efecto, suscribe las alegaciones formuladas por la empresa Cosmos al PGOU, para regular en el uso industrial la utilización de residuos como combustible alternativo".
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