Se pretende con esta medida, según ha señalado en una nota el alcalde, Juan Miguel Polo (ICAR), "mejorar el servicio de limpieza viaria y posibilitar una importante inversión en maquinaria, medios y personal, que este ayuntamiento no puede realizar directamente porque estamos sujetos a un plan de ajuste, debido a la deuda municipal heredada, y en virtud del cual el Gobierno no nos lo permite".

La portavoz del equipo de gobierno, María del Carmen García, ha explicado que "la empresa adjudicataria tendrá la obligación de realizar las inversiones que consideramos oportunas, sobre todo en materia de renovación de maquinaria e infraestructuras, y en la ampliación de medios y del personal dedicado a esta tarea".

De esta forma, el pliego de adjudicación recogió "mejoras importantes en el servicio, como una mayor dotación de maquinaria, especialmente de máquinas barredoras y otros vehículos auxiliares, que prácticamente cuadruplica a la actual, y la moderniza de forma considerable; y un incremento sustancial de la plantilla, respetándose en todo momento a los trabajadores que se dedican a prestar este servicio, que van subrrogados a la nueva empresa, con los mismos derechos y el mismo convenio que los trabajadores del ayuntamiento".

Además, se incluye la limpieza de la playa, con un incremento de medios técnicos y humanos, especialmente durante la temporada estival, según ha explicado.

La externalización del servicio se aprobó con el voto en contra de los grupos municipales de IU y del PSOE, a los que el alcalde explicó que "es nuestra obligación ofrecerle al ciudadano un buen servicio y mejorar la limpieza del pueblo, y esta es la única forma de hacerlo".

Además, el alcalde ha indicado "se da la circunstancia de que precisamente a día de hoy todavía le estamos pagando a las empresas a las que el último gobierno socialista les adjudicó este servicio, que también externalizó porque en su día lo consideró la mejor opción".

Precisamente la situación económica de las arcas municipales también centró gran parte del pleno, puesto que se presentaron los informes de Intervención relativos al plan de ajuste municipal del segundo y tercer trimestre del año que, según destacó la concejala de Economía, María del Carmen García, "siguen presentando remanente de tesorería positivo: en el segundo trimestre, de 1,4 millones de euros, y en el tercero, de 7,7 millones".

Además, "el periodo medio de pago a proveedores es de 5,9 días en el segundo trimestre, y de diez en el tercero, siendo este el tiempo que transcurre entre que llega la factura al Ayuntamiento y la empresa en cuestión recibe el dinero".

Como ha incidido el alcalde cartayero, "aunque queda mucho por hacer, la situación económica ha mejorado gracias a una gestión seria y responsable, como demuestra un dato, cuando llegue a esta Alcaldía me encontré con facturas que tenían seis años de antigüedad, y ahora se paga entre cinco y diez días, cuando la ley te fija un máximo de 30".

OTRAS MOCIONES

En cuanto a otras mociones, el pleno ha aprobado dos de alcaldía, una de ellas instando a la Junta de Andalucía a proceder a la limpieza y mantenimiento de los arroyos de la localidad, para evitar inundaciones este invierno, y la otra instando también a la Junta a acometer la limpieza y mantenimiento del monte, "como la mejor y única manera de prevenir y actuar con vistas a evitar en lo posible incendios como los que este año han azotado a nuestro pinar, auténtico pulmón verde del municipio".

Ambas mociones, como las de los dos grupos de la oposición solicitando medidas de todas las administraciones contra la violencia de género, se aprobaron por unanimidad de todos los grupos municipales.

No fue así el caso de la moción de urgencia que cerró el debate, y que presentó el equipo de gobierno a raíz de los últimos acontecimientos, que ratifican "una actuación absolutamente desleal de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva con la institución que representa a los cartayeros, que es el Ayuntamiento".

En dicha moción el equipo de gobierno reprueba "la práctica que se da de forma sistemática en la localidad, y que es extensible a toda la provincia de Huelva desde hace años", y según la cual cuando visitan el municipio los representantes de la Diputación de Huelva o de la Junta de Andalucía, "ningún representante institucional del Ayuntamiento de Cartaya es invitado, ni siquiera informado o avisado de la presencia de estos cargos públicos".

Por el contrario, señala la moción, "quien sí es invitado es el secretario general del PSOE de Cartaya, que no representa al Ayuntamiento de la localidad y que a día de hoy seguimos preguntándonos en calidad de qué asiste a tales visitas, porque no es él quien gestiona el gobierno de la institución".

Así las cosas, el pleno cartayero ha dado luz verde, con el voto favorable del equipo de gobierno, la abstención de IU y el voto en contra del grupo municipal socialista, a una moción en la que se reprueba la "actitud desleal" del Grupo Municipal Socialista por su participación en este tipo de hechos, así como "instar a las delegaciones provinciales de Huelva de la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Huelva a que cese en su utilización partidista de las instituciones".