La Justicia chilena ha condenado este martes a cuatro oficiales retirados del Ejército por doce homicidios cometidos durante la llamada Caravana de la Muerte, una comitiva militar que en 1973 recorrió el país y asesinó a cerca de un centenar de presos políticos, informaron fuentes judiciales.

Las condenas, dictadas por la jueza especial de la Corte de Apelaciones de Santiago Patricia González Quiroz, se refiere a las ejecuciones de una docena de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet cometidas en la ciudad meridional de Valdivia, a 835 kilómetros de Santiago, el 3 y el 4 de octubre de 1973.

La magistrada sentenció a dieciocho años de prisión al brigadier Pedro Espinoza Bravo, en calidad de autor de doce homicidios calificados, y a doce años de cárcel, como cómplices de los delitos, a los coroneles Carlos López Tapia y Humberto Guerra Jorquera.

También impuso a Juan Chiminelli Fullerton una pena de catorce años de presidio como autor del asesinato de José Liendo Vera, una de las víctimas y como cómplice de las demás muertes.

El general Santiago Sinclair Oyaneder y los oficiales Guillermo Michelsen Délano, Antonio Palomo Contreras y Emilio de la Mahotiere González fueron absueltos del caso, al no haberse acreditado su participación.

El dictamen estableció que las pruebas son suficientes para dar por acreditados los delitos, ocurridos cuando la Caravana de la Muerte aterrizó en Valdivia, en un helicóptero Puma, con un grupo de militares bajo el mando del entonces general de Ejército, Sergio Arellano Stark.

Según el fallo judicial, los homicidios habrían sido perpetrados por una sentencia dictada en un supuesto consejo de guerra, "cuya materialidad no ha sido comprobada con certeza".

"Solo hay referencias vagas, imprecisas, fotocopias acompañadas con listado de supuestas causas, carentes de la certeza jurídica que se requiere y se necesita para tener legalmente por establecidos la existencia del juicio y de la sentencia", añadió. Por esta razón, las muertes carecen de cualquier base legal y son ilícitas, concluyó la sentencia.

La llamada Caravana de la Muerte recorrió Chile en helicóptero y sus integrantes sacaban a presos políticos de las cárceles, los llevaban a lugares despoblados y los asesinaban. En ocasiones, trasladaban los cadáveres a cementerios, pero en otras los dinamitaban y sepultaban de forma clandestina.

En algunas ciudades a las que llegó la Caravana de la Muerte se redactaban falsas penas capitales dictadas por consejos de guerra inexistentes para dar un aire de legalidad a las masacres, mientras que en otras las justificaban como supuestos intentos de fuga de los presos.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.