La propuesta tiene por finalidad acabar con la figura del falso autónomo "que se ha impuesto en el mundo cultural". Por eso, pide a la Junta que asuma un código de buenas prácticas para que la contratación sea laboral, no mercantil, y que controle que aquellas entidades privadas que hayan recibido dinero público para su actividad sigan también dicho código.

Los procuradores Carlos Chávez Muñoz, María José Rodríguez Tobal e Isabel Muñoz Sánchez denuncian, de este modo, la precariedad "descarnada" que sufre este colectivo artístico.

Sostienen que los músicos, a la hora de trabajar para un promotor privado o para una institución pública, se ven obligados

a darse de alta como autónomos en la mayoría de los casos, en lugar de contar con un contrato laboral, como el resto de trabajadores y tal y como expresa el Real Decreto 1435/1985 por el que se rige la actividad de los artistas.

"Contratar a un músico como autónomo, algo que es habitual en locales y festivales, puede ser un fraude de ley y una forma de rebajarle derechos laborales, y los tribunales ya lo han puesto de manifiesto en varias sentencias, pero si, encima, lo hace la administración, es algo intolerable", afirmó el procurador Carlos Chávez.

LA JUNTA, MAYOR CONTRATADOR

La administración pública es el mayor contratador en un sector, el de la música popular, que en el año 2016 movió 224,5 millones de euros, de los cuales 7,1 millones, es decir, el 3,2 por ciento del total se facturaron en Castilla y León.

Sin embargo, según datos de la Unión de Sindicatos de músicos, intérpretes y compositoras, casi el 100 por 100 de las contrataciones por parte, de la administración pública es mercantil.

Además, el 35,4 por ciento de los encuestados en dicho estudio puede obtener solamente una quinta parte de su sueldo de la música. El 57,6 por ciento gana menos de 10.000 euros anuales, el 27,6 tiene unas ganancias de entre 10.000 y 20.000 euros y solo un 14,8 por ciento gana más de 20.000 euros al año con la música.

"Esto dibuja un panorama en el sector de la música que, además de imposibilitar su profesionalización, lastra su crecimiento y, sobre todo, impide disfrutar de una dignidad mínima en las condiciones de trabajo", denuncia Podemos.