La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que la región tiene las "mejores condiciones para ello", ya que dispone de suelo suficiente, instalaciones industriales modernas y las "máximas condiciones financieras", que se manifiestan en estas ayudas.

Así, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de las ayudas acogidas al decreto por el que se establece un régimen de incentivos autonómicos a la actividad empresarial, con una dotación económica de 54.438.000 euros en tres años, de los que 44.438.000 están cofinanciados con el Feder, y el resto, 10.000.000 euros, serán financiados con fondos propios.

Sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el citado decreto, en cada una de las modalidades de ayudas, tendrán la consideración de beneficiarias las empresas, y en especial, las pymes que realicen inversiones en Extremadura, en aquellos sectores de actividad considerados como subvencionables.

La orden de convocatoria establece tres modalidades de ayudas, en la primera de las cuales la subvención se otorgará atendiendo al sector de actividad en el que la empresa esté operando o vaya a operar (modalidad por actividad).

La segunda de las modalidades será por inversiones

que supongan la continuación de un establecimiento que de otra forma hubiese cerrado, siempre que el motivo de ese cierre sea la jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular (modalidad de relevo generacional).

El tercer tipo de ayudas tendrá como finalidad subvencionar la transformación y adaptación a la industria 4.0, concepto que se refiere a proyectos que promuevan la transformación digital de la empresa y conlleven la introducción efectiva de tecnologías digitales en sus sistemas de comunicaciones, tratamiento de datos, inteligencia, análisis y gestión.

La cuantía de la ayuda será del 45 por ciento, el 35 por ciento y el 25 por ciento de la inversión subvencionable, según se trate de pequeñas, medianas o grandes empresas. Así, los proyectos a subvencionar supondrán una inversión mínima de 10.000 euros y máxima de 1,2 millones.

Entras las novedades, la portavoz ha destacado que todos los sectores pueden optar a la subvención sin necesidad de contar con una financiación externa.

Cabe resaltar que también se ha previsto una línea de ayudas para bonificar las solicitudes de empresas que estén ubicadas en aquellas poblaciones que se han visto afectadas por el cese temporal de la actividad de la mina de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz).

ACTIVIDADES CON "GRAN IMPACTO" ECONÓMICO Y SOCIAL

Por otra parte, el Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de ayudas acogidas al decreto 184/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión empresarial en actividades industriales con gran impacto económico y social, con una dotación de 10 millones de euros procedentes de fondos propios de la comunidad.

Las empresas beneficiarias tendrán un plazo de tres años para realizar los proyectos que son objeto de esta subvención, según n ha explicado Gil Rosiña.

De acuerdo con la orden de convocatoria, podrán ser beneficiarias las personas jurídicas titulares de empresas que realicen o vayan a realizar actividades industriales, y se considerarán inversiones y costes subvencionables los trabajos de obra civil y los bienes de equipo, según ha recalcado Gil Rosiña de esta convocatoria "novedosa".

Dentro del apartado de obra civil se incluyen las traídas y acometidas de servicios necesarios para la actividad; la urbanización adecuada a las necesidades del proyecto y la construcción de oficinas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, almacenamiento de materias primas y de productos terminados, edificios de producción, de servicios industriales y de comercialización, entre otras instalaciones y obras vinculadas al proyecto.

En cuanto a los bienes de equipo, se incluyen la maquinaria de proceso, elementos de transporte interior, equipos de medida y control, equipos de seguridad, medios de protección del medio ambiente, instalaciones especiales, mobiliario y enseres, utillaje y pequeñas herramientas, equipos para proceso de información y otros bienes de equipo ligados al proyecto.

De acuerdo con el decreto que regula estas ayudas, todo beneficiario deberá hacer una aportación financiera mínima al proyecto del 25 por ciento de los costes subvencionables, bien mediante sus propios recursos o bien mediante financiación externa, y el importe mínimo del proyecto de inversión subvencionable será de 50.000.000 euros.

Asimismo, el proyecto subvencionado deberá crear un mínimo de 100 nuevos puestos de trabajo indefinidos directos, incluidos en su caso los trabajadores fijos discontinuos, y deberá realizarse sobre suelo industrial del que sea titular la Administración autonómica o los entes del sector público autonómico.

Las previsiones que se han contemplado para este periodo de tiempo es que se puedan subvencionar cuatro proyectos de inversión de estas características.

Asimismo, y a preguntas de los medios, la portavoz del Ejecutivo regional ha indicado que la Junta no conoce novedades en relación al proyecto de instalación de una azucarera en Mérida.