"La ordenanza está anulada y no hay opción a tomar una decisión en contra", ha apuntado López, que ha dicho que el colectivo de grandes superficies que se ha beneficiado con la decisión judicial no tendrá que pagar este año, pero sí el año que viene.
De esta forma, ha apuntado que simplemente se cobrará el impuesto "con un año de retraso". Se trata, ha explicado, de una "decisión política" que se ha tomado en su día.
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