En un comunicado, la Guardia Civil informa de que los interesados en obtener la tarjeta acreditaban su dependencia económica aportando certificados de envíos de dinero desde Tenerife hasta el país de origen (mayoritariamente Cuba).

La sospecha de actuaciones ilícitas surgió cuando la Oficina Única de Extranjería detectó algunos recibos de envío de dinero sospechosos, por lo que pidió la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que inmediatamente se hizo cargo de la investigación.

Inicialmente, la Oficina Única sólo había detectado algunos expedientes sospechosos, pero un análisis y posterior contacto con las agencias de envío de dinero permitió determinar que tales recibos eran falsos y que su falsificación se había llevado a cabo mediante métodos informáticos.

Por ello se acordó llevar a cabo un trabajo conjunto de colaboración entre la Guardia Civil y la Oficina Única para localizar todos aquellos expedientes ya tramitados que pudieran contener documentos falsificados.

52 CASOS DETECTADOS

Gracias a ese trabajo, que precisó de un análisis concienzudo de cada expediente y que se desarrolló durante estos últimos meses, se detectaron un total de 52 expedientes con documentos de envío de dinero falsificados.

La técnica de falsificación consistía esencialmente en simular recibos de envío de dinero con cantidades que nunca se llegaron a enviar realmente, usando para ello recibos en blanco disponibles en establecimientos (ciberlocutorios) que actúan como agentes en esa actividad de envío de dinero.

La prueba definitiva de la falsedad de esos documentos se obtuvo tras contactar con las sedes principales de las empresas dedicadas a esa actividad -popularmente conocidas como remesadoras- quienes acreditaron que esos envíos nunca se formalizaron, entre otras razones, porque la mayoría de las personas supuestamente remitentes ni siquiera figuraban como clientes suyos.

Acto seguido se siguió la pista de esos documentos para detectar dónde estaban siendo confeccionados, y se detectaron hasta tres locutorios ubicados en Santa de Tenerife, La Laguna y Arona, en los que se confeccionaban esos documentos falsos a cambio de sumas de dinero variable.

Así lo atestiguaron varias de las personas que fueron interrogadas durante la investigación, detalla el instituto armado.

Esos locutorios ejercen además la actividad de intermediarios con las empresas internacionales de envío de dinero, por lo que disponen de los recibos en blanco de las empresas más conocidas de ese sector.

A la vista del alto número de casos que se estaban detectando, y que continuaban aumentando día a día, se acordó necesario llevar a cabo una actuación policial simultánea en los locutorios implicados, y tras previa autorización del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, los días 15 y 16 de noviembre pasado se llevaron a cabo entradas y registros en tres locutorios situados en Santa Cruz de Tenerife, La Cuesta y Las Galletas.

Ahí se analizaron los ordenadores ubicados en los mostradores de los establecimientos y documentación en papel y se obtuvieron las pruebas necesarias que acreditaban que tales locutorios estaban llevando a cabo esas labores de falsificación, pruebas que fueron puestas a disposición del Juzgado.

Además, se imputó a las personas que estaban al frente de esos establecimientos su participación en el delito de falsedad documental.

Paralelamente se desplegó una intensa actividad policial a lo largo de toda la isla dirigida a localizar a cada una de las personas que habían adquirido esos documentos falsos y los habían presentado en la Oficina Única de Extranjería, al objeto de imputarles su participación en el delito de falsedad documental.

SE EXTENDIÓ GRACIAS AL 'BOCA A BOCA'

En esta ocasión, el sistema de falsificación no se encontraba controlado por ninguna red delictiva organizada y se esparció a través de la comunidad cubana (y en menor medida venezolana) a través del 'boca a boca', hasta el punto de que en pocos meses ya era conocido en toda la isla.

La inmensa mayoría de las personas acusadas de participar en la comisión del delito son ciudadanos ya españoles pero inicialmente de nacionalidad cubana, y que pretenden por esta vía, lograr traer a España a familiares que no reúnen realmente los requisitos establecidos en la legislación de extranjería para permanecer y trabajar en territorio español.

Con esta operación policial se ha logrado desmantelar un nuevo método ilícito de obtención de Tarjetas de Residencia.

La Oficina Única de Extranjería, con la intención de erradicar esta actividad delictiva, procederá a llevar a cabo un análisis mucho más preciso de cada uno de los expedientes que se presenten y revisará aquellos expedientes ya resueltos, por si fuese preciso proceder a su anulación.