"Son más duros respecto a la propuesta de 2016 y no se ha negociado absolutamente nada", ha explicado a Europa Press el secretario de la Junta de PDI, Ángel Francisco Villarejo-Ramos, que recuerda que ya el pasado año se instó desde este organismo al Gobierno a que retirara los criterios y abriera un debate "profundo" acerca de "hacia dónde están llevando a la universidad pública y la investigación".

Transcurrido casi un año, "entendemos que en ningún caso este debate y negociación se han producido y que el resultado ha supuesto un endurecimiento, en muchos casos desproporcionado, de los méritos exigibles para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios", critica Villarejo-Ramos, explicando que el nuevo sistema incluye 21 comisiones en lugar de cinco y cambia la puntuación numérica por una calificación por letras.

Por otra parte, en el Pleno está previsto abordar las siguientes actuaciones del asunto sobre la pérdida de la condición de funcionaria de la doctora Encarnación Santamaría, respecto a la cual recientemente la Junta de PDI criticaba el "abandono" al que, considera, el Rectorado de la institución está sometiendo a esta profesora, que fue expulsada de la universidad y de su plaza de funcionaria "de forma totalmente irregular" hace años, cuando se encontraba afectada por una crisis de ansiedad y estrés, "resultado del ambiente en su puesto de trabajo".

La Junta hace hincapié en el "anómalo" procedimiento de privación, "por la vía de hecho", de la condición de funcionaria de Santamaría, que "no renunció a su condición de funcionaria, sino que en un formulario de peticiones diversas solicitó la renuncia a la plaza que venía desempeñando con la intención de no retornar, tras baja médica, al entorno de ambiente laboral no saludable que había sufrido en el departamento en que tenía asignada su docencia para ocupar otro puesto en nuestra universidad: la situación de conflicto en su departamento era conocida en 2007 por el Rectorado".

La Hispalense, "sin darle como mínimo el trámite de audiencia a la solicitud de la interesada, redactada en evidente estado de ansiedad y con desconocimiento de la burocracia", resolvió "de forma inmediata e interpretativa" la expulsión de la condición de funcionaria de la docente.

Desde entonces, varias secciones sindicales y la Junta de Personal vienen luchando por que se haga "justicia" con Santamaría y sea reintegrada a la plantilla de la universidad, "de donde nunca debió salir". En los últimos meses, la Junta de PDI ha trasladado este asunto a la Defensoría del Pueblo Andaluz, la cual ha abierto un expediente para investigarlo.

Por último, el Pleno hablará sobre las propuestas y acuerdos de temas a incorporar en la próxima convocatoria de la Mesa de Negociación del PDI.