Este exempleado estaba citadoseste viernes en el Juzgado de Instrucción número 21 de València para declarar, en calidad de testigo, en la pieza del caso Cooperación que investiga presuntas irregularidades en la contratación por parte de la extinta Conselleria de Inmigración -posteriormente Conselleria de Solidaridad- de servicios informáticos en los que intervino Tauroni por valor de más de un millón de euros. También ha declarado otro trabajador.

Durante el interrogatorio, el testigo ha manifestado que desde Conselleria se adjudicaban contratos a empresas como Fujitsu y otras entidades y luego se subcontrataban los trabajos a mercantiles de Tauroni. Esto se hacía así para que no apareciera la empresa del empresario por su relación con Blasco, ha indicado el testigo.

Así mismo, este testigo ha aseverado que Tauroni, en prisión junto a Blasco por la primera pieza del caso Cooperación, ostentaba en la empresa de su relación con el exconseller, según ha podido saber Europa Press.

En total, el caso Cooperación se dividió en cinco piezas. La primera y principal, relativa a irregularidades en subvenciones al Tercer Mundo, ya juzgada y con condenas a los responsables; la segunda y tercera, en instrucción, por ayudas a diferentes ONGs y la proyección de un hospital en Haití; la cuarta, archivada, en la que se investigó si Tauroni hizo un uso irregular de un ordenador en prisión; y la quinta, ésta, la de los contratos informáticos.

Los contratos informáticos investigados ya se encontraban en el procedimiento desde su origen, pero a finales del pasado año la instructora los remitió al Decanato para que se repartieran a otro juzgado al entender que eran ajenos a las piezas de Cooperación. Sin embargo, finalmente será esta magistrada, quien en ese momento vio indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos, la que está indagando sobre estas contrataciones.

La investigación se centra en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 y consiste en el presunto amaño de contratos informáticos, adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni.

En concreto, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Estos contratos fueron adjudicados a tres empresas -Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática- que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

Las primeras mercantiles contrataban con las segundas antes de que se hubiera iniciado la tramitación del expediente administrativo que había de resolver a quién se le adjudicaba el servicio o de que se publicitara el pliego de condiciones. En otras ocasiones, el objeto del contrato no se correspondía con el servicio prestado.