Así, el juez ha condenado a una multa simbólica -una cuota diaria de 3 euros durante 30 días- y a la prohibición de aproximarse a más de 300 metros de los docentes afectados, así como de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ellos durante un tiempo de seis meses.

En este sentido, la sentencia ha considerado probado que los progenitores profirieron insultos graves contra los profesores y amenazas.

Por su parte, en un comunicado, STEC-IC ha resaltado que "la Consejería de Educación hizo caso omiso a la solicitud de ayuda y asesoramiento de los docentes afectados siendo el sindicato quien le ha prestado dicho servicio, como viene siendo habitual en todo tipo de casuísticas laborales que afectan al profesorado canario.

"Desde el STEC-IC, aún siendo conscientes que estamos ante circunstancias que se producen de forma puntual, consideramos que por su gravedad no cabe contemporizar ante este tipo de situaciones y es necesario actuar con la mayor diligencia y contundencia", concluyó la organización sindical.