El Consell Escolar de Baleares ha aprobado una resolución en la que, aprovechando la comparecencia del conseller de Educación, Martí March, le transmite la "necesidad de que el presupuesto de la Conselleria" en 2018 "no sea inferior a los 1.000 millones de euros".

Así lo ha acordado el pleno del Consell Escolar en la sesión mantenida este miércoles, en la que también ha aprobado otra resolución para rechazar la "campaña de desprestigio" a la comunidad educativa.

PRESUPUESTO

En la primera resolución el Consell Escolar constata "la necesidad de establecer una inversión adecuada y suficiente para la atención del ámbito educativo en toda su extensión".

Si bien el organismo admite el "déficit en la financiación estatal" han recalcado que no pueden "olvidar las promesas electorales con que los partidos que hoy gobiernan ganaron la confianza de la mayoría de la ciudadanía".

Además, han recordado que no es la primera vez que formulan esta petición y que hasta el momento "no ha sido atendida".

Para concretar su petición, el Consell sugiere que "la partida que este Govern debería prever para la Consellería de Educación y Universidad no debería ser inferior a 1.000 millones de euros para el presupuesto del 2018, el 3,6 por ciento del PIB de 2015", apoyándose en "los porcentajes que indicaban los distintos programas electorales".

El Consell Escolar también ha dirigido su resolución a las presidencias del Govern y el Parlament y a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

RECHAZAN UNA "CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO" CONTRA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Por otra parte, el pleno del Consell Escolar ha aprobado otra resolución en la que manifiesta su "defensa de la contribución a la cohesión social de las asociaciones de padres y madres de alumnos y de la profesionalidad de sus docentes en el seno de los centros docentes".

"Denunciamos y rechazamos la campaña de desprestigio llena de calumnias y difamaciones efectuadas desde determinados sectores políticos hacia la comunidad educativa, impropia de partidos democráticos", han declarado.

En la resolución, recalcan que el sistema educativo "se ha dotado de los mecanismos que garantizan los valores y los derechos democráticos".

Por ello, consideran que "esta estrategia de desprestigio es una pésima praxis política que no se merece ningún componente del sistema educativo, especialmente los alumnos y sus familias".