Además de esto, ha asegurado que mediará también por lo que supone esta plataforma en generación de empleo" y no sólo de investigadores (el 50 por cien de la plantilla), sino también de personal de instalaciones o mantenimiento que se contrata en nuestra provincia.

Asimismo, el director adjunto de la Plataforma Solar de Tabernas, Julián Blanco, y la responsable de la Unidad de Sistemas Solares de Concentración de este centro de investigación, Loreto Valenzuela, han indicado que el actual Gobierno de España "impedirá la incorporación" a principios de 2018 del 40 por ciento de los puestos de trabajo asociados a personal investigador temporal del centro, a pesar de que la Plataforma "dispone del presupuesto necesario para ello". Esta situación, según han dicho, "condena" a la PSA "a dejar de ser referente" internacional a nivel científico, y "a la pérdida de la competitividad".

Blanco y Valenzuela han manifestado que las normas impuestas por el Gobierno Central a los Organismos Públicos de Investigación desde enero de 2016, "están dañando de forma irreversible" la "excelente reputación" que tiene la Plataforma desde hace más de 30 años, ya que "impiden la gestión adecuada" de esta instalación científica y tecnológica que gestiona proyectos internacionales de elevado presupuesto y "financiados con fondos ajenos" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, le han trasladado que "no se trata de un problema de liquidez", ni de falta de fondos, ya que la PSA ha podido conseguir fondos en convocatorias internacionales "altamente competitivas" de I+D, sino a la prohibición de gastar dichos fondos. Desde agosto de 2016 hasta junio de 2017, la PSA "no ha podido adquirir ningún equipamiento".

También han afirmado que la Orden HAP/1169/2016 del 14 de julio, dada por el Gobierno español con el argumento de reducir el déficit público, "impidió la adquisición" de material en la PSA, lo cual "no tiene justificación ya que los fondos recibidos provenientes de la Comisión Europea no afectan al déficit público español" y que con ello "no solo se perderá esta inversión" en España, sino también "puestos de trabajo, prestigio y credibilidad para la financiación de nuevos proyectos de investigación".