Colau calcula que el bono social no protegerá al 43% de los atendidos por pobreza energética

Colau calcula que el bono social no protegerá al 43% de los atendidos por pobreza energética

Pobreza energética.
La pobreza energética provoca problemas de salud. (EUROPAPRESS)
  • El Ayuntamiento cifra en un 60% el porcentaje que ni siquiera estaría protegido de un corte de suministro.
  • El Consistorio ha encargado un informe jurídico que considera que la ley catalana 24/2015 continúa plenamente vigente a pesar de la regulación del bono social.
  • El gobierno municipal insta a las empresas suministradoras a firmar convenios para que se corresponsabilicen del gasto que genera la pobreza energética.

El 43% de la población atendida por pobreza energética por el Ayuntamiento de Barcelona no se podrá acoger al bono social que ha impulsado el gobierno español, según estimaciones hechas por el consistorio, que ya hacía meses que alertaba que este bono dejaría fuera a muchísima gente. De hecho, cifra en un 60% el porcentaje que ni siquiera estaría protegido de un corte de suministro por motivos económicos si no fuera por la Ley 24/2015.

En este sentido, el Ayuntamiento ha encargado un informe jurídico que considera que esta normativa catalana continúa plenamente vigente a pesar de la regulación del bono social. El gobierno municipal apuesta ahora por compatibilizar las dos herramientas e insta a las empresas suministradoras a firmar convenios para que se corresponsabilicen del gasto que genera la pobreza energética.

La teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha explicado que ya están manteniendo reuniones con las compañías y que Endesa se ha comprometido a no efectuar ningún corte este invierno. Fuentes de la empresa han apuntado que ni confirman ni desmienten este extremo.

En rueda de prensa, Ortiz ha insistido que este bono social está hecho "de espaldas a los municipios y a las administraciones", sin aportar además la financiación para cubrir los descuentos que prevé. El consistorio calcula que esto podría suponerle un gasto de entre medio millón y el 1,67 millones de euros.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ha encargado dos informes al respecto, uno de social y otro en materia jurídica, y está evaluando si impugna el decreto que regula este bono por la "indefensión" que genera para las administraciones, ha dicho la tinenta de alcaldía.

El Ayuntamiento no descarta impugnar el decreto que regula el bono socialEl informe social se basa en las 10.000 personas atendidas por el consistorio este año, ya sea a través de los servicios sociales o de los Puntos de Asesoramiento Energético.

El 43% quedaría fuera de este bono y no se podría acoger a sus descuentos, puesto que no quedaría encuadrado ni en la categoría de consumidor vulnerable ni en la de vulnerable "severo".

El 60% del total, además, quedaría desprotegido del principio de precaución y se le podría cortar el suministro. El 18% sería catalogado como consumidor vulnerable (con un 25% de descuento en la factura) pero no estaría protegido de un corte, y el 37,6 tendría la máxima protección, con un descuento del 40% y sin que se le pudiera cortar el suministro.

Ahora bien, el consistorio también ha encargado otro informe, en este caso jurídico, que considera que la Ley 24/2015 contra la pobreza energética aprobada por el Parlamento continúa vigente, lo que permite continuar actuando para evitar los cortes de suministro. En este sentido, recomienda establecer ahora los mecanismos para compatibilizar ambas herramientas, el decreto del bono social que ha entrado en vigor en octubre y la ley catalana.

Al parecer del gobierno municipal, la mejor manera de concretar esto es a través de la firma de convenios con las empresas. De hecho, el Ayuntamiento ya hace tiempo que batalla para firmar estos acuerdos para desplegar la Ley 24/2015, y ha opinado que la ausencia de un reglamento que desarrolle la normativa "no es ninguna excusa para no aplicar la ley".

De momento se ha creado un grupo de trabajo y se han celebrado dos reuniones con todos los actores. Según Ortiz, Endesa se comprometió a no efectuar ningún corte por motivos económicos hasta abril, pero desde la empresa prefieren ni confirmar ni desmentir este extremo.

La teniente de alcaldía también ha asegurado que las compañías han aceptado informar sobre el bono social y establecer puntos físicos para que los ciudadanos puedan tramitar los descuentos, al margen de la campaña comunicativa que haga el Ayuntamiento.

En todo caso, ha insistido que la solución a largo plazo pasa para firmar convenios en el ámbito de Cataluña, que servirían para dar seguridad y proteger el conjunto de la ciudadanía.

Ha reconocido, sin embargo, que el actual momento político está afectando a la interlocución con la Generalitat, pero ha apuntado que "no es una situación de ahora, sino de hace meses".

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