La oposición al PRC y PSOE que gobiernan Cantabria no ve "nada nuevo" en los presupuestos de la Consejería de Presidencia y Justicia para el próximo año respecto al actual, y acusan a su titular, el regionalista Rafael de la Sierra, de haber incluido en el documento partidas para atender los mismos compromisos adquiridos en las cuentas de 2016 y 2017.

Extremo que ha rechazado el consejero: "No se puede decir que no se ha hecho nada", ha sentenciado en la comisión parlamentaria de este lunes para presentar las cifras de su área, y en la que ha cifrado en cerca de un 80 por ciento el cumplimiento de las promesas hechas.

"Se están cumpliendo razonablemente bien todos los programas", ha recalcado De la Sierra, que a partir de enero manejará 107 millones de euros, un 3,6% más que en el presente ejercicio, destinando casi la mitad de la cuantía prevista a justicia (31,4 millones para la mejora de medios personales y materiales) y al servicio de protección civil (14,3 millones).

En este punto, y a propósito de las críticas de algunos grupos parlamentarios, el dirigente del PRC ha destacado que la ejecución presupuestaria de su Consejería es del 86,27% a fecha del pasado mes de octubre, y cree que en ámbitos como el de justicia el cumplimiento puede superar ampliamente el 90%.

Sin embargo, para Isabel Urrutia, diputada y portavoz en la materia del PP, el partido que lidera la oposición, el presupuesto presentado para Presidencia y Justicia es "el de la espera", toda vez que los 'populares' están "esperando" que las promesas hechas "se cumplan".

Así, a su juicio, el documento de 2018 no representa "nada nuevo" si se compara con los dos últimos, debido a que recoge las mismas propuestas y políticas hechas entonces, a ver si "a la tercera va la vencida, ha comentado al respecto.

Urrutia ha expresado por eso su "decepción", especialmente en ámbitos como el de la justicia, donde las inversiones contempladas son "las mismas", ya que en la Consejería llevan "tres años sin gastar nada", ha lamentado. Según ha precisado, el "único" compromiso cumplido es el del aumento de las cuotas al turno de oficio.

También ha censurado, y entre otras cuestiones, que las cuentas "no se acuerden" de las entidades locales menores, con una ley anunciada que "no ha llegado", aunque ha reconocido en este ámbito el esfuerzo para mantener el Fondo de Cooperación Municipal, dotado de nuevo con 15,2 millones.

Además, la diputada del PP, que no ha querido entrar en una "guerra de cifras" con el consejero regionalista, sí le ha rebatido una: la de gastos corrientes, que a juicio de ella suben -si se tienen en cuenta las "trampas" hechas, ya que esta legislatura la Consejería tienen menos competencias que en la anterior y, en consecuencia, disminuye el gasto- mientras que él sostiene que bajan. En la misma línea, Urrutia ha asegurado que los gastos corrientes lejos de bajar dos millones suben uno.

Desde Podemos, Alberto Bolado ha aludido igualmente a incumplimientos en lo que va de legislatura, y ha dicho tener, durante la presentación de las próximas cifras de Presidencia y Justicia, "la sensación de haber vivido esto antes". "Se pierde la magia que podíamos sentir en 2015", ha comentado a continuación.

Para el diputado morado, más que los "dimes y diretes" en los medios de comunicación por ver quién va a permitir la aprobación del presupuesto del PRC y PSOE -en minoría en la Cámara, y que hace dos años sacaron adelante las cuentas con el apoyo de los de Pablo Iglesias, mientras la última vez lo hicieron gracias a los parlamentarios regionales de Albert Rivera- lo "más importante" de todo es si se "gasta" o no lo presupuestado, en una consejería en particular y en todo el documento en general. De este modo, "por mucho que se hinche" un documento, "no hay quien gaste lo no se ingresa", ha reflexionado, a modo de advertencia, el portavoz de Podemos a regionalistas y socialistas.

Y tras confesar que siente un "entusiasmo escaso" ante unas cuentas sobre las que sí tiene "dudas legítimas" de que se vayan a cumplir, Bolado ha planteado una batería de preguntas concretas sobre aspectos puntuales de diferentes partidas contempladas en las de Presidencia y Justicia, cuyo titular se ha comprometido a contestar debidamente con más margen de tiempo.

Desde el grupo mixto, el diputado de Cs, Rubén Gómez, ha aludido a anuncios ya realizados pero que no son "una realidad", como la creación y puesta en marcha de la oficina fiscal y judicial, que si bien está prevista, carece de partida concreta para su arranque y desarrollo, aún cuando ya era "una prioridad" en los presupuestos del año en curso.

Sobre esta cuestión, que también han mencionado los portavoces de otras formaciones, De la Sierra ha asegurado que estará en funcionamiento en 2018, "por lo menos" la oficina fiscal, y "probablemente" también una oficina piloto judicial. Pero "queremos hacerlo bien", ha argumentado el consejero, que no desea que en Cantabria se repitan los problemas que se están produciendo en otras comunidades.

Gómez también echa "en falta" en los presupuestos partidas para poner en marcha el programa de software libre dentro del proceso de modernizar la administración, así como una ley para las Casas de Cantabria, que está en fase del informe de la asesoría jurídica, según ha detallado el consejero.

Pese a las críticas, el parlamentario naranja ha valorado que estas cuentas siguen la tendencia alcista en materia de prevención y extinción de incendios o en la modernización de la justicia, y ha admitido que si bien uno de los principales problemas de este área es la de personal, es decir, la falta de recursos humanos, ha reconocido igualmente que en el Gobierno de Cantabria están "maniatados" por la tasa de reposición que fija el Estado.

Un hecho que se ha convertido en el principal "escollo" para la puesta en marcha del séptimo parque de bomberos de la comunidad, y para lo cual el Ejecutivo autonómico está pendiente de la soluciones exigidas al respecto al Ministerio de Justicia.

También se ha referido a los medios humanos en la Consejería, fundamentalmente en el ámbito judicial, el diputado independiente Juan Ramón Carrancio, que ha recordado la "tremenda carga de trabajo" que tienen los funcionarios en los juzgados, por lo que "no les vendría nada mal un aumento de plantilla, aunque fuera simbólica".

Este parlamentario, que en verano abandonó Cs pero que conserva su acta y sigue en el grupo mixto, ha incidido en el "escaso" personal del órgano encargado de los pleitos por cláusulas suelo, que está "colapsado", y ha reclamado un "refuerzo".

En la misma materia de personal, ha reclamado que el servicio de emergencias y protección civil 112 esté formado por funcionarios, para afrontar con ello el "verdadero problema" de este colectivo, y con lo que no se encarecería, por otro lado, el presupuesto de la Consejería, en la que Carrancio ve, en líneas generales, "aspectos mejorables".

Por eso, y teniendo en cuenta algunos "incumplimientos flagrantes" de promesas hechas, este diputado -conocido como el número 18 del PRC y PSOE, que suman 17 escaños y están a falta de un apoyo para sacar adelante las cuentas- ha realizado varias propuestas para el área de Presidencia y Justicia, soluciones a problemas que dependen más de "voluntad política" que de dinero, pues solventarlos tendría, según sus cálculos, una "incidencia mínima" sobre las cuentas.

Finalmente, los portavoces de los grupos PRC y PSOE que sustentan al Gobierno, Rosa Valdés y Emiliano del Corral, han valorado de forma positiva los presupuestos de la Consejería de Presidencia y Justicia, y han confirmado que apoyarán estas cuentas.