La mujer era la accionista mayoritaria y administradora de dos empresas

y en julio de 2007, con una y en junio de 2009, con otra, suscribió un contrato con el que descontaba las facturas emitidas por la prestación de servicios a terceros, que luego el banco se ocupaba de cobrarles.

Así, a partir de 2011, la acusada, con ánimo de obtener un provecho patrimonial, presentó "en múltiples ocasiones" facturas mendaces consiguiendo de la entidad bancaria una cantidad aproximada de "700.000 euros que incorporó a su patrimonio y no ha devuelto".

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental por los que le piden una pena de prisión de cuatro años, así como a una multa de 12 meses de multa a razón de seis euros el día.