El objetivo de esta herramienta es poder estimular y motivar al personal y aumentar la eficacia en el ejercicio de sus funciones con el fin de mejorar los servicios públicos y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.

Dicha evaluación se realizará durante el primer trimestre del año 2018 a cerca de 4.000 funcionarios de la comunidad, si bien estará referida a la actuación profesional llevada a cabo desde la entrada en vigor del mencionado acuerdo. De esta manera, el primer periodo de evaluación será de cuatro meses, entre este mes de noviembre y febrero de 2018.

Este sistema está ideado como un proceso sistemático y periódico y se fundamenta en la evaluación de las conductas profesionales relacionadas con las competencias necesarias para las funciones asignadas, y en la identificación de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que es necesario haber alcanzado para desarrollar el trabajo con un alto grado de eficacia y de eficiencia.

En primer lugar, la conducta profesional se evalúa a través de la introspección y la reflexión sobre uno mismo, mediante una autovaloración. En segundo lugar, se evalúa desde la percepción del personal subordinado o del personal con quién colabora. Y, finalmente, desde la perspectiva de la persona superior jerárquica.

La evaluación se calificará en base al nivel alcanzado de conducta asociada, con seis estadios diferentes. El resultado final permitirá detectar áreas de mejora que podrán ser atendidas. Las competencias se evaluarán anualmente y permitirán tomar las decisiones oportunas en el marco de la planificación de los recursos humanos y la calidad de los servicios.

Los objetivos que persigue esta evaluación son medir la actividad profesional de las personas empleadas públicas; valorar los resultados obtenidos para reorientar las políticas de gestión de recursos humanos; establecer los mecanismos de mejora emanados de las sugerencias y aportaciones; y estimular y motivar al personal en la realización de sus tareas y a la vez aumentar la eficacia en el ejercicio de la función pública.

El sistema también incluye la creación de una comisión paritaria con participación de representantes de la Administración y de los sindicatos que tendrá como principal misión el pilotaje de la implantación del sistema y la propuesta a la Administración de las mejoras emanadas de las sugerencias y aportaciones de todas las personas implicadas en el proceso.

El sistema se ha negociado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y en el seno del Comité Intercentros, con respecto al personal funcionario y laboral respectivamente, y se ha aprobado por unanimidad en cada uno de estos órganos