Así lo establece en una sentencia facilitada por la asociación El Defensor del Paciente, que considera en un comunicado que la sala ha hecho justicia al apreciar una mala praxis, si bien ha lamentado que se haya tenido que esperar "años" hasta que los familiares han sido reconocidos con esta resolución porque Sanidad "no haya sido capaz de reconocer la negligencia".

El TSJCV ha estimado un recurso contra la desestimación por parte de la Conselleria de Sanidad de la reclamación de responsabilidad patrimonial por deficiente asistencia sanitaria y ha reconocido el derecho de los padres a ser indemnizados con 99.775,96 por el fallecimiento de su hija, así como el de la madre de la menor de recibir 103.694,25 euros por las secuelas sufridas.

La sentencia señala que la atención medica dispensada a la mujer en el Hospital de Vila-real, donde ingresó el 14 de diciembre de 2011, no se ajustó a la lex artis, según lo considerado por la inspección médica y el perito, ya que se realizó una "inefectiva" maniobra de Kristeller -proceso de parto que se utiliza para hacer salir al bebé con mayor rapidez a través del canal vaginal, durante la fase de expulsión- "inadecuadamente indicada", pese a existir

una sospecha de desproporción pélvico-cefálica.

Además, la sala subraya que existía una amenaza de rotura uterina con una debilidad local del útero -por una cicatriz de una cesárea anterior de la madre, de 33 años-, lo que provocó una rotura uterina y la realización de una histerectomía -extirpación del útero- y provocó una asfixia del neonato, que se tradujo clínicamente en una encefalopatía hipóxico-isquémica que evolucionó desfavorablemente, provocándole la muerte.