El director ha estado acompañado por el rector de la UPO, Vicente Guzmán, y la delegada del rector para la Calidad, Belén Floriano. En el mismo acto se ha hecho entrega de los certificados de implantación del SGIC por el programa Audit de Aneca a la Escuela Politécnica Superior y las Facultades de Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades de la UPO.

En su intervención, el rector ha destacado la importancia de que en el momento actual las estructuras de calidad cumplan con su cometido, porque "la docencia y la investigación de las universidades tienen que estar sometidas a estándares de calidad que funcionen. Es un trabajo complicado pero necesario porque ayuda a que la Universidad Pablo de Olavide, en nuestro caso, lleve a cabo mejor su función".

Guzmán ha agradecido a los miembros de las estructuras de calidad de todas las facultades por el trabajo que están desarrollando en este sentido y ha señalado también la importancia de la evaluación de la actividad investigadora. En este sentido, el rector ha informado de que en el Consejo de Dirección se está diseñando una convocatoria para grupos de investigación en la que todos los proyectos que se presenten tendrán que ser evaluados por la DEVA para acceder a la financiación.

Por su parte, Gracia ha presentado a la DEVA bajo el objetivo de la mejora de la calidad de los títulos. "Ya tenemos 676 títulos renovados en Andalucía y es el momento de reflexionar hacia dónde vamos. En general, los procesos de evaluación son caros y poco sostenibles, y por ello nuestra propuesta es simplificar a través de la acreditación institucional, cómo hace el resto de Europa, analizando cada centro en lugar de cada título", ha señalado el director.

Como delegada del rector para la Calidad, Belén Floriano ha recordado cómo la palabra "calidad" ha acompañado a la Universidad Pablo de Olavide desde su fundación, implantando en 2007 estructuras estables para la gestión de un sistema de garantía y consiguiendo en 2009 la evaluación positiva del mismo.

El Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, establece un nuevo marco que posibilita la transición hacia un modelo de acreditación institucional. El modelo propuesto vincula el Sistema de Garantía de la Calidad (SGC) de los centros universitarios al proceso de la acreditación institucional, constituyendo la certificación de la implantación de los SGC en uno de los requisitos necesarios para obtener dicha acreditación, que tendrá una vigencia de cinco años renovable.