La Fiscalía de Bruselas ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas de cara a la declaración de este viernes, del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros de su Gobierno que huyeron a Bélgica antes de que se presentara la querella contra ellos por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Según la respuesta de Instituciones Penitenciarias, el expresident estaría en la cárcel de Estremera.

En la respuesta que España ha remitido a la Fiscalía belga se establece que Puigdemont ingresaría en la prisión de Estremera (Madrid VII) en caso de que se decidiera su encarcelamiento tras la extradición, un centro de los más "avanzados" de España, y podría disponer de celda individual si la pide o compartirla con alguno de sus exconsejeros.

Según han indicado a EFE fuentes de Instituciones Penitenciarias, en la respuesta a la pregunta de la Fiscalía de "¿En qué cárcel quedarán encerrados?", se asegura que Puigdemont y los exconsejeros varones irían a Estremera, a 70 kilómetros de Madrid, y donde están en prisión preventiva los exmiembros del Govern que la jueza Lamela envió a la cárcel.

Mientras, las mujeres huidas a Bélgica ingresarían en un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid, previsiblemente el de Alcalá Meco, donde están recluidas ya dos exconsejeras.

Las autoridades españolas han informado a la Fiscalía belga de las condiciones de la cárcel Estremera, un centro tipo con un diseño muy avanzado, inaugurado en 2008 y con instalaciones que mejoran las de prisiones de otros países europeos.

A la pregunta de "¿Cuáles son las dimensiones de la celda en la cual el (los) implicados (s) serán encerrados?", las autoridades españolas, según las mismas fuentes, han ofrecido a la Fiscalía información adicional, como que cada celda está equipada para ser ocupada por dos internos y tiene inodoro y ducha con una separación para preservar la intimidad, así como conexión para televisión.

También informan a la Fiscalía de que las celdas pueden ser compartidas pero se podría garantizar la estancia individual salvo que los facultativos observen riesgo de suicidio.

Y a la pregunta de si hay "superpoblación" en la cárcel donde ingresarían los huidos y las medidas que se tomarían para "impedir que los implicados se vean confrontados con las consecuencias negativas de tal superpoblación", España señala que Estremera tiene 1.214 celdas y en la actualidad está ocupada por 1.071 internos.

De todos modos, Prisiones podría garantizar una celda individual si Puigdemont o los exconsejeros lo solicitan.

Las autoridades españolas han respondido a catorce preguntas sobre el sistema carcelario, entre ellas las relacionadas con la higiene, el acceso a equipamientos sanitarios o duchas y a la asistencia médica, la comida (¿Es suficiente y de buena calidad?, ha preguntado la Fiscalía), las actividades recreativas y culturales o las visitas de familias o amigos.

Recuerda España que solo si protagonizan incidentes violentos especialmente graves, los internos pueden quedar encerrados en una celda de aislamiento, pero siempre supervisado por el equipo médico, autorizado por el director de la cárcel y comunicado al juez de Vigilancia Penitenciaria.

También tranquiliza a la Fiscalía belga al haberle informado de que la comida responde a las exigencias dietéticas de los presos, edad, salud y costumbres; de que pueden ir al gimnasio, a la biblioteca y a talleres y de que los reclusos realizan vida en común con otros unas ocho horas diarias.

Garantizan asimismo las autoridades españolas una asistencia médica primaria, pero también la especializada en la red pública sanitaria, así como su derecho a la defensa facilitando el acceso a sus abogados y su integridad física con medidas de seguridad interior para evitar agresiones.

Puigdemont y los cuatro exconsellers están citados a las 14.00 horas para comparecer por primera vez ante el juez de la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas, que será el que decida si las órdenes europeas de detención (OEDE) dictadas por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 deben ejecutarse.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la Fiscalía de la capital belga ha reclamado a la magistrada información tanto penitenciaria como judicial, que será remitida este jueves. Otras fuentes consultadas han concretado que, entre toda esa información, figuran datos sobre el estado de las cárceles españolas.

Lamela dictó el pasado 3 de noviembre órdenes europeas de detención contra el expresidente de la Generalitat y sus cuatro exconsejeros después de que un día antes no acudieran a declarar por su implicación en el desarrollo del procés independentista. Además de los tres delitos que les imputó según la querella del Ministerio Público, añadió también prevaricación y desobediencia para los huidos.

La respuesta de Interior ha llegado pocas horas después a través de su ministro, Juan Ignacio Zoido, quien ha asegurado que Bélgica ya dispone de la información "detallada" sobre el sistema penitenciario español, y ha reiterado que nadie en Europa va a dar lecciones a España sobre su "ejemplar" estado de derecho.

Sobre la petición de la Fiscalía belga, Zoido ha dicho que "se ha mandado toda la información, absolutamente detallada" sobre lo solicitado, y ha insistido en que "afortunadamente, España es un estado de derecho desde hace muchos años, la división de poderes es una realidad y nadie nos va a dar lecciones en Europa".

Puigdemont y sus exconsejeros comparecerán el viernes conjuntamente ante el mismo juez, que instruirá el caso en neerlandés a petición de los acusados, que eligieron este idioma para todo el procedimiento en detrimento del francés.

El juez podría tomar una decisión el mismo viernes si considera que cuenta con toda la información necesario para ello, aunque el escenario más probable apunta a que aplace su veredicto hasta estudiar las alegaciones presentadas por las partes. Los tiempos se alargarían también si alguna de las partes solicita más tiempo para preparar su argumentación y el juez lo autoriza.

Una vez se dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o las defensas de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso. Si esto ocurre, el caso se trasladará al Tribunal de Apelación.