Este encuentro busca poner en común el trabajo que realizan estas administraciones y establecer líneas conjuntas de actuación. Entre los contenidos tratados se ha analizado la ley andaluza para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familias, cuya aprobación está prevista para el próximo mes de noviembre, así como la constitución del Consejo LGTBI de Andalucía.
El coordinador de Políticas LGTBI ha señalado, en relación a la Ley andaluza que "en las próximas semanas, una vez concluidos los trámites de audiencia, se comenzará con la elaboración del decreto previo para el inicio del Consejo, y se irán incorporando todas aquellas aportaciones para que la nueva norma se ajuste a las necesidades del colectivo LGTBI".
El texto de la proposición de Ley incorpora como principal novedad la inclusión de las familias en el ámbito de la regulación, especialmente las homoparentales. Asimismo, establece la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo LGTBI, órgano de consulta, asesoramiento, representación y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual.
En materia sanitaria, la proposición incorpora los derechos de los menores transexuales ya recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que la Consejería de Salud desarrolla desde enero de este año. Se incluyen entre ellos el tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados, y el tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado para propiciar el desarrollo de los deseados.
Asimismo, respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público de Andalucía velará para que las prácticas de modificación genital en bebés recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.
Respecto a la inserción social, la propuesta establece medidas dirigidas a víctimas de violencia y a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además de otras.
La Junta deberá incluir la formación sobre orientación sexual e identidad de género en los cursos de mediadores, monitores y formadores dirigidos al colectivo juvenil. Por su parte, los centros residenciales, los de día para personas mayores, los de participación activa y los destinados a personas con discapacidad garantizarán el derecho a la no discriminación de las personas tanto a título individual como en su relación sentimental.
En materia educativa, se refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos de orientación o diversidad sexual, así como las acciones para detectar, prevenir y proteger de acciones de discriminación hacia personas LGTBI, incluyendo a las que forman parte de familias homoparentales y proporcionando formación al profesorado.
A ello se suman medidas de fomento del empleo y mejora de la conciliación, entre otras.
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