Las Corts convalidan el decreto del Consell para ejecutar el plan Edificant de construcción y mejora de colegios

  • El pleno de las Corts Valencianes ha convalidado -con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos y la abstención de PP y Cs- el decreto ley del Consell por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales para la ejecución del plan Edificant que permitirá la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes.
Pleno de las Corts Valencianes
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EUROPA PRESS
Pleno de las Corts Valencianes

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha defendido la importancia de este decreto como una "instrumento" que permitirá "agilizar" la construcción y reforma de los centros educativos para revertir "el panorama, en algunos casos, desolador" que se encontraron al llegar a la conselleria en materia de infraestructuras educativa.

Por tanto, ha reivindicado la "urgencia" de que los niños dejen de estar en barracones y tengan infraestructuras "dignas". "Esta es la solución para acelerar la construcción, reparación y mejora de los centros educativos en cooperación con los ayuntamientos para conseguir el objetivo en el menor tiempo posible", ha destacado para incidir en que es "una respuesta creativa y valiente" que cuenta con el aval de la Intervención General y de la Abogacía de la Generalitat y seguridad jurídica.

Ha explicado que en las reuniones con ayuntamientos "de todos los colores políticos" le han trasladado su apoyo a este plan y "se han puesto a trabajar para mejorar las infraestructuras educativas", ha indicado Marzà.

Desde el PSPV, Ana Besalduch ha destacado que se trata de un plan "ambicioso" que "pone en el centro de las políticas a las personas", después que durante 20 años "los ayuntamientos hayan tenido que hacerse cargo con recursos públicos de obras de reforma, cuando era competencia de Educación.

Por su parte, desde Podemos, Antonio Montiel, ha manifestado que "tal y como está diseñado se parece demasiado al plan Confianza" del PP y ha criticado que tomen ahora esta iniciativa "con 30 meses de retraso". "No se puede decir ahora que hay un problema de falta de estructura", ha señalado Montiel.

Para Josep Nadal, de Compromís, Edificant es "una buena idea" y ve "urgente implementarlo" por las "deficiencias" que hay en las infraestructuras educativas que dejó el anterior Consell del PP, que "mostró un odio africano contra la educación pública". "Es una buena idea y una innovación y los ayuntamientos están preparados", ha defendido

LLAMADA DE EMERGENCIA

Desde Cs, Mercedes Ventura ha comenzado su intervención con un "tic, tac tic tac" al Consell y ha señalado que este decreto es "una llamada de emergencia" a los ayuntamientos por la "incompetencia" del ejecutivo valenciano para acabar con los barracones. "Llevan dos años y medio de gobierno y se dan cuenta ahora de que no disponen de los medios necesarios para construir centros educativos. Se dan cuenta ahora que están a las puertas de unas elecciones y no pueden cumplir sus promesas. Solo saben improvisar y que los ayuntamientos le resuelvan las papeletas", ha remarcado.

En similares términos se ha pronunciado Beatriz Gascó, del PP, para quien Marzà "le ha echado mucha jeta" al presentar este plan que, a su juicio, en lugar de llamarse 'Edificant' debería llamarse "Edifiqueu'

porque "el Consell escurre el bulto".

Para la diputada, con este plan se pone en evidencia "el fracaso del mapa escolar; que el conseller recurre a los alcaldes ante su incapacidad para gestionar; y que Marzà no quiere dar la cara y se esconde detrás de los alcaldes". "Es un bodrio, no se sostiene, es discriminatorio y pone en evidencia incapacidad del Consell", ha remarcado para señalar que no rechazará la iniciativa para que no se pueda responsabilizar al PP por la no construcción de colegios.

PLAN

Mediante este plan, los ayuntamientos asumen la tramitación burocrática y la Generalitat realiza la financiación íntegra de las actuaciones a través de Educación para como la eliminación de los barracones, la construcción de nuevos centros, la ampliación y adecuación de otros y la rehabilitación de las instalaciones obsoletas.

El Consell aprobó el decreto ley dada la urgencia y necesidad de articular un régimen jurídico que permitiera la cooperación entre la Generalitat y los ayuntamientos, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el estado actual de las infraestructuras educativas valencianas.

Así, defiende el Ejecutivo que se podrá agilizar la ejecución del plan en el menor plazo posible, materializar el compromiso del Consell por dotarlo e impulsarlo y suplir la insuficiencia de los medios técnicos y humanos disponibles, a corto y medio plazo, por la Administración de la Generalitat.

El importe estimado de las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco del decreto ley para el período comprendido entre el año 2018 y el 2020 es de 700 millones de euros.

El decreto ley se articula en dos títulos. El primero define el objeto, los sujetos receptores de la delegación, las actuaciones susceptibles de delegación, las principales características de ésta y el régimen económico. Especifica que los municipios son los principales sujetos susceptibles de acogerse al régimen de delegación, aunque también pueden serlo otras entidades locales o supramunicipales. La delegación se extiende a todo el conjunto de actuaciones necesarias para asegurar la dotación suficiente y adecuada de infraestructuras educativas.

La Generalitat, como titular de la competencia, es la administración responsable de fijar las condiciones básicas de la delegación; igualmente, es la administración responsable del financiación de la delegación, que se instrumentará mediante una resolución del conseller de Educación y sólo excepcionalmente y justificadamente mediante un convenio.

La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones, duración y control que se reserva la Generalitat. En todo caso, la delegación exigirá la aceptación del municipio interesado. Asimismo, se podrá solicitar la asistencia de las diputaciones para la coordinación y seguimiento de las delegaciones.

En cuanto al título segundo, tiene un carácter básicamente procedimental y regula el contenido y alcance tanto de la solicitud como de la misma delegación, como es el caso de la presentación de la solicitud, documentación requerida, términos y condiciones, etc.

Por último, el decreto ley también recoge la posibilidad de recabar la colaboración de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, mediante el correspondiente convenio, para la promoción, difusión y asesoramiento a los municipios.

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