La comisión parlamentaria, propuesta por el Grupo Socialista, ha recibido el apoyo del Grupo Popular y Ciudadanos, mientras que Podemos se ha abstenido. No obstante, tanto populares como la diputada de C's han coincidido en reclamar a la Junta que, si tiene constancia de que se haya producido este "sabotaje", interponga directamente una denuncia ante la Fiscalía, mientras que la formación morada considera que el Ejecutivo tiene capacidad para determinar las responsabilidades de lo ocurrido.

El debate para la creación de dicha comisión se ha desarrollado en un clima tenso, que ha obligado a la presidenta de la Cámara autonómica, Blanca Martín, a detener el tiempo de intervención en varias ocasiones para acallar las interpelaciones de los diputados 'populares' al portavoz socialista, Valentín García.

De hecho, la presidenta ha llamado al orden en una ocasión al diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón, exconsejero de Sanidad en la pasada legislatura, quien asimismo ha pedido un turno de intervención extraordinario para responder a García por alusiones.

El propio García, en defensa de la propuesta de creación de la comisión de investigación, ha destacado la labor realizada por el consejero del ramo, José María Vergeles, durante la proceso de adjudicación del concurso, que ha definido como "limpio, transparente y legal".

Al mismo tiempo, ha señalado que "ningún grupo de presión ni lobby" conseguirá que el Ejecutivo regional de Guillermo Fernández Vara prevarique al adjudicar un concurso público a una empresa determinada por el hecho de tener su sede social en Extremadura, como según ha dicho la anterior empresa prestadora del servicio, reclamó al presidente de la Junta.

"Que una empresa lleve 30 años prestando un servicio no significa que sea un monopolio ni que le pertenezca", ha apuntado García, quien ha señalado que "humanamente" entiende la reclamación de "quienes defienden esta prevaricación desde el ámbito empresarial" en tanto que están tratando de preservar sus intereses. En concreto, se ha referido a que algunos de ellos cobraban nóminas de 7.000 euros brutos al mes.

"PRACTICAS MAFIOSAS"

García ha reiterado que pese a que el servicio de ambulancias ha sido víctima de "prácticas mafiosas", ha habido "normalidad" en la mayoría de las áreas sanitarias, a excepción del centro coordinador de llamadas del servicio y en las áreas de Zafra-Llerena y Plasencia. Así, ha considerado "raro y sospechoso" que diez o doce trabajadores del centro de comunicaciones abandonen su puesto y que "llamen a la prensa para decir que se van al hospital".

Así, ha señalado que otras cuestiones que espera aclarar en la comisión son las llamadas masivas que no pedían órdenes, los cambios de rutas que se produjeron, por qué se quedaron pacientes sin atender o el corte de cables en ambulancias.

Un sabotaje que ha relacionado con los comentarios en "grupos de Whastapp" en los que se indicaba que había que "aumentar la presión en las primeras semanas" para provocar que la nueva adjudicataria abandonara el servicio.

Por último, ha agradecido la labor realizada por la mayoría de los trabajadores subrogados y ha avanzado que si en la comisión se determina que se ha producido algún delito, trasladará las conclusiones de la misma a la Fiscalía.

"OPERACIÓN RESCATE" DE VERGELES

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha apoyado la creación de esta comisión y ha advertido que pondrá todo su empeño en aclarar la "responsabilidad política" del consejero de Sanidad, José María Vergeles, y de los cargos del Servicio Extremeño de Salud (SES) en la adjudicación del servicio a Ambulancias Tenorio, que según ha reiterado ha supuesto un "recorte" en las condiciones ofrecidas por la anterior empresa.

Así, ha señalado que esta "pseudocomisión" no va a solucionar el "caos" de las últimas semanas en el servicio, al tiempo que ha criticado que el PSOE la haya planteado como un ejercicio transparencia, después de negarse a abrir otras investigaciones sobre asuntos como los de Feval.

Teniente, que se ha referido a las denuncias de trabajadores "engañados" y víctimas de presiones y de "despidos en bloque", ha criticado a Vergeles por haber dejado de ser el consejero de Sanidad para convertirse en "el director general de la empresa Tenorio".

Así, ha señalado que el objetivo de esta comisión es realizar una "Operación Rescate de Vergeles" ofreciendo un "relato feliz" según el cual la culpa de lo ocurrido es de "todos" menos de los socialistas. "Lo único que interesa es tener una coartada para lavar la imagen del consejero con una nueva cortina de humo", ha espetado.

Teniente ha señalado que es "una vergüenza" lo que están haciendo y pedido que se ponga fin a esta "persecución mafiosa a los trabajadores". Además, ha reiterado que no corresponde a la Asamblea determinar las responsabilidades judiciales sobre la redacción del pliego del concurso público del servicio y de la adjudicación, dado que ambos asuntos ya se encuentran en un juzgado contencioso administrativo.

Sin embargo, en esta comisión se deben determinar las "responsabilidades políticas", y en este sentido ha advertido a Vergeles de que "no le será fácil huir".

Finalmente, ha reprochado a García que haya vertido "acusaciones gravísimas en un ejercicio de matonismo parlamentario", al tiempo que se ha preguntado por qué la empresa víctima del supuesto sabotaje no ha acudido a la Fiscalía, e incluso se pregunta por qué la Junta no acude "urgentemente" a los tribunales, algo que ha señalado ya habría hecho el PP en caso de tener pruebas al respecto.

PODEMOS

Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha compartido que durante los primeros días de servicio de la nueva adjudicataria se produjeron "muchos problemas", y ha criticado la "falta de medios" de la nueva adjudicataria pese a contar con "mucho tiempo para preparar el traslado", por lo que considera en este sentido que el SES debería haber sido "más diligente".

No obstante, ha señalado que es "probable que ese posible boicot haya sucedido", en referencia al corte de cables en ambulancias o a que éste se hayan dejado en marcha toda la noche para gastar el combustible. También ha dicho que "no es casualidad" que los medios de comunicación estuvieran avisados para captar el momento en el que los trabajadores abandonaron sus puestos.

Tras aceptar la iniciativa socialista, aunque finalmente su grupo se ha abstenido en la votación, ha señalado que la Junta no necesita ninguna comisión de investigación para determinar la "responsabilidad" de cada cual en el "caos" de los primeros días, por lo que considera que detrás de la misma hay "un intento de diluir responsabilidades o al menos de protegerse".

CIUDADANOS

Por su parte, la diputada de Ciudadanos María Victoria Domínguez se ha mostrado sorprendida por la petición de esta comisión al entender que si la Junta creen que hay indicios de delito, deberían en ese caso acudir directamente a la Fiscalía. "Para aclarar un posible boicot con un sabotaje no hace falta una comisión de investigación", ha dicho.

No obstante, ha señalado que es importante esclarecer estas incidencias que considera "graves" dado que los afectados en este caso son los usuarios del servicio y, por tanto, pacientes. Al mismo tiempo, ha advertido que durante la misma tratará de aclarar si la Junta debería haber tenido un papel "más activo" en el traspaso del servicio.