La nueva ley deberá incorporar novedades como la sustitución del Instituto Aragonés del Agua por una Dirección General, todo lo relativo a la depuración de aguas y al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que -ha insistido- el Gobierno quiere reformar, no suprimir.

"Si en otros asuntos uno se puede conformar con otro tipo de mayorías, en política hidráulica no cabe conformarse con mayorías raspadas", ha opinado el presidente aragonés, abogando por "ensanchar el contorno de estos apoyos" para que sean "unánimes". "La política hidráulica es una historia de consensos" y tiene que seguir siéndolo, ha planteado.

Ha comparecido a petición propia al inicio del Pleno de las Cortes para anunciar las líneas de trabajo que ahora propone el Ejecutivo regional en aras a desarrollar el Estatuto de Autonomía y el mandato del Parlamento regional.

Ha criticado al PP por mantener "incólume" esta ley "hasta que pasaron las elecciones autonómicas" para después llevarla al TC desde el Gobierno de España, por lo que "que el PP acuse de electoralismo a nadie carece de todo sentido".

Tras dejar claro que acata la sentencia del TC, Javier Lambán, ha manifestado su sorpresa porque el Gobierno de España, del PP, recurriera esta ley autonómica. Ha puntualizado que el Constitucional no niega a Aragón su derecho a gestionar su reserva de 6.550 hectómetros cúbicos.

BILATERALIDAD

"Hemos de retomar la bilateralidad", ha considerado Lambán, quien ha recordado que los Gobiernos de España y Aragón acordaron, aunque no se llevó a efecto, crear un grupo de trabajo conjunto para concretar la participación que corresponde a la Comunidad autónoma en la gestión de la reserva hídrica.

La vía legislativa "ha resultado fallida", ha lamentado Lambán, quien ha confiado en que la Comisión Bilateral Aragón-Estado retome este asunto en su próxima reunión. "No tenemos otro camino que el ejercicio de la bilateralidad" para "ensanchar al máximo el ámbito competencial", ha aseverado Lambán.

Asimismo, ha señalado que la reforma de la Constitución debe servir para "clarificar competencias" de forma que se puedan evitar las "discusiones jurídicas con el Gobierno de España", los contenciosos, también en materia hidráulica. Otras medidas a introducir en la reforma constitucional deben servir para "blindar" las competencias de las comunidades autónomas frente a las del Estado.

Además, ha continuado, "habremos de ejercer de manera rotunda la función que nos corresponde" en el Consejo Nacional del Agua y "continuar legislando con arreglo a nuestras competencias".

"No contemplamos el trasvase", su posibilidad, pero sí hay otros riesgos, ha advertido Lambán, en alusión a las "interpretaciones tergiversadas de la Administración".

SENTENCIA "RESPETABLE"

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha tildado de "respetable" la interpretación esgrimida por el TC, cuya sentencia los populares acatan, observando que la Ley de Aguas y Ríos se aprobó con las "legítimas" aspiraciones de autogobierno para que el agua "siga aportando prosperidad y oportunidades a los aragoneses".

Desde el PSOE, Javier Sada, ha calificado la sentencia de "preocupante" y ha dicho que "el peligro" respecto de la reserva hidráulica no viene de la coalición de gobierno de PSOE y CHA, sino "del Gobierno de Rajoy". "Tenemos que colaborar en la gestión de esas competencias", ha indicado.

En representación de Podemos, Nacho Escartín ha aseverado que "estamos ante un clarísimo 155 menor", lo que es "preocupante" porque "nos impide legislar". Ha rechazado los "consensos obsoletos" y ha propuesto sentar en una misma mesa a políticos, técnicos y usuarios para "trabajar en un pacto social del agua" buscando el diálogo

y dejando atrás la confrontación judicial.

"Veremos si a partir de ahora se mantienen los consensos" en torno al agua, ha avisado el presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga,

quien ha recordado que "con acuerdos y negociación" se ha conseguido descartar las "amenazas" de trasvase. Ha subrayado que fue el PAR quien impulsó esta ley, pero fueron las Cortes las que la aprobaron, y ha criticado el "excesivo celo constitucional".

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha lamentado que "hemos tenido que esperar a que llegue el TC para que nos diga que hay artículos inconstitucionales" y ha asegurado que esta ley nació "como pago del PP al PAR", rechazando el "uso partidista del agua". A su juicio, la sentencia blinda los derechos de los aragoneses.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, se ha preguntado si la sentencia "roza" las competencias del Estatuto de Autonomía y ha alertado de que "se abren caminos" al nuevo Plan Hidrológico Nacional. Ha expresado que "la desafección de los territorios a España es motivada por cuestiones como esta". La diputada de IU Patricia Luquin ha criticado la "política ambigua" del PP y ha exigido dialogar sobre otros asuntos hidráulicos, como el ICA.