"Necesito que todo el mundo, que España entera sepa la injusticia tan grande que se está haciendo con Javier", ha indicado Lamarca en un vídeo que se está difundiendo a través de las redes sociales. Ha añadido que lo que le ha ocurrido a su marido es "una condena política" ya que en esta causa, tal y como reconoce la Audiencia de Jaén y el Tribunal Supremo "nadie se ha llevado ni un céntimo, ni se ha desviado dinero".

Apunta en el vídeo que es consciente de que su protesta "no sirve para nada porque él tiene que entrar en prisión", pero ha insistido en que su objetivo es que "todo el mundo se entere que en este país la justicia no funciona, que está politizada y que esto es una condena política".

Dice no saber cuánto tiempo va a mantener el encierro, pero insiste en que la decisión de quedarse es "un acto de protesta". Recuerda que su marido fue alcalde de Huesa, pero actualmente "no es nada, no tiene cargo político y está fuera de toda historia". "Eso le ha tocado a él y tenemos que aguantarnos", ha dicho Lamarca, al tiempo que ha hecho un llamamiento para que cualquier persona que quiera acompañarla se acerque al salón de plenos.

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha dado de plazo hasta el 27 de noviembre para que el exalcalde de Huesa, Francisco Javier Gómez Sevilla (PSOE), ingrese voluntariamente en prisión para cumplir la condena de tres años y dos meses de cárcel dictada desde el Tribunal Supremo (TS).

La comunicación de ingreso en prisión se produce después de que el Consejo de Ministros haya rechazado la petición de indulto parcial cursada en su día por la defensa del exalcalde. La petición de indulto parcial sumó en su día casi 2.200 adhesiones en la plataforma digital donde se recogieron los apoyos, además de la del Ayuntamiento de Huesa que la aprobó en pleno con los votos a favor del PSOE y la abstención de IU, ya que los concejales del PP no acudieron al pleno donde se votó esta cuestión.

El exalcalde, que no fue condenado a responsabilidad civil alguna, ya ha abonado tanto el pago de los 3.600 euros de multa como el importe correspondiente a las costas procesales.