En una intervención en Estrasburgo, López señaló que "uno de los máximos exponentes de la precariedad laboral" en la Unión Europea hoy "es el sector agrario", área en la que "asistimos a un retroceso generalizado en derechos", al "incumplimiento sistemático de los convenios colectivos" y a la comisión de "fraudes contra la Seguridad Social -como en el caso de Baena Franco y Agrícolas Espino-, no pagando las cotizaciones sociales de las trabajadoras".

Ambas empresas, explicó, "se sirvieron de un sistema perverso, como es el de las peonadas", para cometer un fraude que afecta "a la Seguridad Social, a las empresas que actúan legalmente, y a las propias trabajadoras".

Sin embargo, y pese a que el Ministerio de Empleo "reconoce que el pago de las cotizaciones es una obligación de los empresarios, sanciona a las trabajadoras", poniéndolas "en riesgo de subsistencia cuando se produce la falta de pago de las cotizaciones", y las convierte en "responsables mientras mira hacia otro lado cuando tiene que actuar contra empresarios carentes de escrúpulos a los que da cobertura manteniendo este sistema".

Las multas del SEPE a las jornaleras oscilaba entre los 3.000 euros y los 14.000 euros y organizadas en los sindicatos y en la Plataforma de Afectados por el PER, vienen exigiendo una solución al fraude cometido por ambas empresas desde mediados de 2015.

López exigió "poner fin a este fraude" y, en su opinión, se conseguiría de forma sencilla: "Poniendo fin a las peonadas". "Esto es lo que viene reclamando la Plataforma de Afectados por el PER, y cientos de mujeres de todas las edades, que quieren tener una vida digna conseguida a través de su trabajo", sentenció.