Según informa el organismo supramunicipal en una nota, Solís ha indicado que esta situación especial "se debe al impago de cientos de facturas, por un importe de 1,5 millones, que no pagó el anterior equipo de gobierno del Partido Popular a empresas proveedoras del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria y de otras asistencias técnicas". Asimismo, ha indicado que la Diputación va a pagar la cifra adeudada y busca soluciones con las empresas afectadas.

"Se nos ha ido en octubre a 143 días, eso nos sitúa a priori en una situación bastante compleja, si bien es cierto que es un dato numérico, que no significa que tardemos cinco meses en pagar las facturas a proveedores", ha indicado el diputado.

Continuando esa línea, ha explicado que del año 2011 al 2015 no se pagaron unas facturas de al menos cinco proveedores que asistían al Servicio Provincial de Recaudación "sencillamente porque se les exigió que bajaran de palabra en un diez por ciento el precio del contrato, sin ningún procedimiento administrativo, ni pasar por el Pleno".

De esta manera, Solís ha reseñado que "así se vinieron acumulando facturas por el resto de ese diez por ciento que las empresas iban presentando, puesto que en ningún sitio del contrato de sus servicios hablaba de esa bajada de esos precios, y nos hemos encontrado con dos o tres cajas de facturas ni siquiera conformadas, que acumulan casi un millón y medio de euros".

En ese aspecto, el diputado ha señalado que la Diputación va a pagar y se buscan soluciones. "Por la propia sanidad del organismo provincial, porque el período medio de pago no es un dato estadístico, es un dato que la propia ley de morosidad nos hace cumplir para cualquier acción que queramos llevar a cabo, como es el caso de la inversión del superávit o remanente de tesorería, que ha permitido una inversión de 16 millones de euros en el Plan Invierte 2017", ha abundado.

"Nuestro propósito es evitar lo que sería un mayor perjuicio para la hacienda pública de la Diputación y, por lo tanto, a los gaditanos, en el caso de que estas empresas acudan a los juzgados, con las consiguientes costas e intereses de demora", ha indicado el diputado quien tampoco quiere olvidarse "de los proveedores, que durante años han visto mermados los ingresos, en muchos casos prácticamente únicos de la Diputación, porque eran empresas locales de cada una de las comarcas de la provincia".

"BUENA SITUACIÓN"

Esta situación para Solís contrasta temporalmente con la situación económica actual de la Diputación Provincial, "un momento bastante bueno, donde la deuda baja de un cien por cien cuando entró este equipo de gobierno a menos de un 60 por ciento; donde la liquidación de 2016, arroja un superávit de más de 60 millones de euros y donde arroja un remanente de tesorería de 23 millones de euros", ha recalcado Solís.

En esta línea, ha subrayado que "la liquidez de la Corporación Provincial está más que asegurada, ya que el Servicio Provincial de Recaudación ingresó el pasado año 50 millones más que en 2015 y donde los datos de 2017 ya vamos avanzando que van a ser mejores que los de 2016".