Ahora, tras permanecer casi siete años prófugo en Japón y Chile, Fujimori enfrentará desde el lunes a los jueces de la Corte Suprema acusado de tres casos de violaciones a los derechos humanos, por los que podría recibir hasta 30 años de prisión.
'Nosotros no buscamos venganza, sólo exigimos justicia', dijo recientemente Cóndor a Reuters.
Fujimori, de 69 años, se convertirá en el primer ex mandatario peruano que será juzgado por violaciones a los derechos humanos en un proceso que será transmitido en directo por radio y televisión.
El juicio se realizará en una sala especialmente acondicionada dentro de una base policial ubicada en un barrio pobre de Lima, donde Fujimori está recluido desde septiembre, tras ser extraditado desde Chile gracias a un histórico fallo.
El proceso es como una prueba de fuego para el poder judicial, la más desprestigiada de todas las instituciones de Perú, un país que sufrió por más de 20 años una guerra interna.
'Esta es la oportunidad para dar justicia a las familias de las víctimas de abusos a los derechos humanos y para afirmar la democracia en Perú', dijo Walter Albán, un abogado que trabajó durante parte del Gobierno de Fujimori en la Defensoría del Pueblo para luego presidir el organismo.
Fujimori es acusado de homicidio, asesinato y lesiones graves por las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, en las que perdieron la vida 25 personas, entre ellos un niño, durante los primeros años de su gobierno de 10 años.
Cóndor es la madre de una de las víctimas: Armando, un estudiante de la Universidad La Cantuta que fue torturado, ejecutado de un tiro en la cabeza, quemado y enterrado en un zona descampada en las afueras de Lima.
Las víctimas fueron ejecutadas por un grupo militar que actuaba bajo la sombra para combatir a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, que inició una guerra interna en 1980 en busca de imponer un estado comunista.
Fujimori también es acusado por el secuestro en 1992 de un periodista y empresario opositores, quienes fueron llevados a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Para estos primeros casos los fiscales piden 30 años de cárcel para Fujimori y el pago de 33,6 millones de dólares como reparación civil para los familiares de las víctimas.
La guerra interna en Perú dejó durante más de dos décadas casi 70.000 muertos y desaparecidos entre miembros de las fuerzas de seguridad, guerrilleros y civiles, según datos de una comisión que investigó la violencia política del país.
/Por Marco Aquino/.*.
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