La circulación de todas estas imágenes es ilegal según la Ley de Protección de Datos, porque la imagen es un dato de carácter personal que no se puede ceder a terceros sin su consentimiento. El problema no es solo de Opentopia, sino, sobre todo, de quien no custodia de forma correcta sus grabaciones.
El Gran hermano que todo lo ve no está sólo promovido por los poderes públicos. Colegios e institutos, taxis, urbanizaciones, hoteles, piscinas, aparcamientos, garajes privados, supermercados, bancos, el metro, el tren, el autobús, la empresa en la que trabaja... cada vez son más los lugares en los que su imagen queda grabada.
El voyeurismo se dispara
El director de la Agencia de Protección de Datos española, Artemi Rallo, habló la semana pasada en el Congreso de la existencia de un "desarrollo imparable" de la videovigilancia privada. Los sistemas instalados y comunicados a la Agencia han pasado de 10 en 2003 a 3.500 en 2007. Los no comunicados son infinitamente superiores y van desde actividades de seguridad a "fisgoneo" o voyeurismo.
Solo el metro de Madrid dispone de más de 3.000 cámaras. En estos casos las filmaciones cumplen los preceptos legales -que no están del todo claro- pero de ninguna manera se puede permitir la distribución universal de lo recogido por las cámaras.
No hay ley específica que regule la videovigilancia privada aunque son de aplicación la Ley de Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen, la Ley de Protección de Datos, la Ley de Seguridad Privada y las instrucciones de la Agencia de Protección de Datos.
El uso de la videovigilancia como última alternativa, la comunicación expresa a los ciudadanos de que son grabados, no grabar en espacios públicos, borrar las grabaciones en el plazo de un mes o la contratación de compañías de seguridad autorizadas para gestionar los sistemas, son preceptos que incumplen sistemáticamente particulares y empresas.
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