Las instalaciones que van a acoger el puesto fronterizo tienen una superficie de 230 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, y son propiedad de la Autoridad Portuaria de Sevilla, que las cede durante un plazo de cuatro años, prorrogables automáticamente año tras año hasta un máximo de cuatro años más.

Gracias a la cesión de estas instalaciones, la unidad de control fronterizo de la Policía Nacional, dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, contará con un "puesto fijo" en el Puerto hispalense, y los agentes no tendrán que realizar desplazamientos cada que vez que atraque o parta un buque.

La Policía Nacional comenzará a prestar servicio en este edificio a principios de 2018, toda vez que según Zoido, se trata de "dotar a la Policía Nacional de mejores instalaciones, para que los agentes presten sus servicios en condiciones más óptimas en esa zona donde la seguridad jurídica y ciudadana es tan importante".