"Si a un desafío así, en un asunto sistémico para España y para Europa, no se hubiera respondido con toda la fuerza del Estado de derecho, estaríamos enviando el mensaje de que cualquiera puede beneficiarse por saltarse la ley", ha dicho el presidente asturiano en su intervención inicial en el debate de orientación política correspondiente al año legislativo 2017-2018.

Según ha explicado lo que se estaba pretendiendo hacer en Cataluña era crear un "momento cero" para inaugurar un "orden político nuevo". Ha dicho que una mayoría parlamentaria "rompió" las normas que fundamentaban su competencia "para erigirse en el poder constituyente que haría realidad una autodeterminación que no se presentaba como una pretensión política, sino como un derecho respaldado por el ordenamiento internacional, la razón y la ética".

Según, Javier Fernández, a partir de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española se ha recuperado "formal y materialmente" la vigencia de la Constitución en Cataluña. "Todo el mundo coincide en la necesidad de una política de reforma consensuada con aquellos que no hayan quedado inhabilitados para el pacto", ha señalado.

A partir de ahora, frente a las elecciones del 21 de diciembre, habrá "promesas y alternativas" que se van a conjugar para procurar una solución. "Se acerca una campaña electoral cargada de promesas. La alerta es obligada", ha advertido.

Si el secesionismo ha llegado hasta ahí no es sólo como consecuencia de un movimiento social organizado, ha apuntado Fernández, sino también por la existencia de otro esencialmente "revolucionario" que lo "parasita", aprovechando el "potencial subversivo del proceso de autodeterminación".

Según el expresidente de la Gestora del PSOE, la "deslealtad" al pacto político constituyente por parte de los partidos nacionalistas ha sido patente, y su estrategia consiste en "erosionar los vínculos comunes ahondando fracturas sociales y emocionales".

Ante esta situación, ha considerado que no va a ser fácil afrontar una gran reforma que mejore la actual y que "supere la incapacidad del Estado autonómico para generar una dinámica de integración". No obstante, ha añadido que si los españoles no son capaces de "pactar cesiones" y "alcanzar compromisos mayoritarios" estarán comprometiendo su futuro como Estado.