Rodríguez explicó que la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, establece que la Comisión de la Función Pública es un órgano administrativo de carácter colegiado con funciones de consulta, coordinación y asesoramiento en materia de política de función pública, que debe emitir dicho informe, entre otros, dada su incidencia en materia de medidas de gestión de recursos humanos.

La Comisión de la Función Pública, añadió el director general, no es un órgano de negociación colectiva, sino un órgano administrativo con competencia para la emisión de informes, de la que participan como miembros, representantes de la Administración Pública y representantes sindicales.

Conforme a la ley, la Comisión está integrada por 14 miembros, nueve de los cuales son de la Administración (contando con la persona que ejerce funciones de Secretariado) y cinco son representantes sindicales.

Por otra parte, el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, establece la presencia mínima que debe tener para su funcionamiento: el presidente (que es la persona titular de esta Consejería o en quien delegue), el secretario y de la mitad, al menos, de sus componentes.

En consecuencia, se requiere la presencia de, al menos, siete miembros, debiendo estar en todo caso el presidente (o la persona en quien delegue) y el secretario.

A la sesión del 25 de octubre asistieron el viceconsejero de Administraciones Públicas y Participación Ciudadana (en sustitución del consejero), Antonio Llorens; el secretario de la Comisión, José Gregorio Martín Plata; el director general de la Función Pública, Francisco Rodríguez; el viceconsejero de Hacienda, Javier Armas; el director general de Planificación y Presupuesto, Carlos Gustavo Díaz Perera; la directora general de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud, Antonia Pérez, y el director general de Personal, Rafael Bailón.

Concurrió así quorum suficiente para la válida constitución de la Comisión y, en consecuencia, se desarrolló el orden del día habiéndose emitido informe favorable, informa el Gobierno en una nota.

RETOMAR EL DIÁLOGO "CUANTO ANTES"

En cuanto a las críticas de los sindicatos por la supuesta falta de voluntad para negociar por parte del Ejecutivo, el director general de Función Pública aseveró que la intención del Gobierno es restablecer el diálogo "cuanto antes, tras haberlo roto los sindicatos".

Recordó que, por ese motivo, el Ejecutivo autonómico ya convocó a las organizaciones sindicales para negociar el contenido de la Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, y ratificó que el Gobierno sigue abierto a la vía del diálogo.

De hecho, apuntó, los propios sindicatos han vuelto a solicitar la convocatoria de la Mesa General y de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo, que se celebrará este martes.