Estos fondos corresponden a la aplicación de la Ley de la Dependencia -80 millones de euros- y a la cantidad adicional que se transfiere en virtud de la norma de 2009 por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común -187 millones-, explica Delegación de Gobierno en un comunicado.

Moragues ha destacado que el Gobierno "cumple con su parte, atendiendo la previsión legal en cuanto a las aportaciones del sistema de dependencia, un hecho que ha sido confirmado por el Tribunal de Cuentas".

"Por ello, cuando la Generalitat acusa al Gobierno de no aportar su parte está utilizando la información de forma sesgada y partidista, ya que los fondos que aporta el Gobierno no sólo provienen de la Ley de Dependencia sino también de fondos adicionales".

El delegado ha denunciado así que "la Generalitat solo hace referencia al primer concepto y olvida, no sabemos si por desconocimiento o bien de forma mala intencionada, los fondos adicionales que suponen una transferencia muy importante".

Asimismo, ha recordado que, para este año, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aumentado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en más de 102 millones de euros los créditos destinados a Dependencia para transferir a las Comunidades Autónomas.

Según las cifras que ha aportado, hasta el 30 de septiembre de 2017 había en la Comunitat un total de 107.107 solicitudes de dependencia, de las cuales están valoradas 87.996 (82%), "diez puntos por debajo de la media nacional", que está en el 92,6%. En cuanto a los dependientes en espera de recibir prestación, de los grados II y III, hasta septiembre se contabilizaban 5.273 valencianos.

Y de las 61.989 prestaciones por dependencia que reciben los beneficiarios, un 51% (31.671) son para cuidados en el entorno familiar, mientras que a nivel nacional representa el 33,15%.

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA

El delegado del Gobierno ha recordado que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, presidió el pasado mes de octubre el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, donde uno de los temas centrales fue el Informe la evaluación del sistema de dependencia.

"Se está cumpliendo el compromiso fijado en la VI Conferencia de Presidente,

y el Gobierno y las Comunidades Autónomas están realizando un análisis conjunto de la Ley de Dependencia, después de diez años de su entrada en vigor", ha destacado Moragues.

En ese sentido, ha pedido "diálogo y lealtad institucional" para llegar a consensos y mejorar la atención a personas dependientes. "Este tema no puede ser objeto de disputa partidista porque lo más importante es cubrir las necesidades de las personas dependientes", ha reivindicado.

También ha recordado que el Ministerio y las comunidades autónomas han aprobado la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección, aumentándolas en más de un 5%: el grado I de dependencia pasa a 47,3 euros, el grado II a 84,4 euros y el grado III se incrementa hasta los 190,1 euros.

En el Consejo Territorial se acordó además la modificación de los criterios de acreditación, "con el objetivo de mejorar la estabilidad en el empleo de los cuidadores que prestan sus servicios en centros o instituciones sociales", con dos medidas fundamentales.

Por un lado, eliminar el límite de edad para la habilitación excepcional y, por otro, establecer una habilitación provisional para personas que, a pesar de haber trabajado, no cumplan con el requisito de la experiencia y se comprometan a participar en los procesos de acreditación hasta 2023.