Tras la puesta en libertad bajo fianza de Carme Forcadell y los otros miembros independentistas de la Mesa del Parlament, los abogados de los ocho exconsellers de la Generalitat que desde el jueves de la semana pasada permanecen encarcelados por orden de la Audiencia Nacional han comenzado a revisar su estrategia.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, tras el cambio de letrado por parte de los cuatro exconsellers del PDeCAT en prisión preventiva, algunas defensas se plantean incluso pedir que vuelvan a declarar ante la Audiencia Nacional, que los envió a la cárcel tras una comparecencia en la que solo aceptaron responder a sus abogados.

Según recoge el diarios El Periódico, esa estrategia pasaría por responder, no solo a las preguntas de la defensa, sino también al juez y a la Fiscalía, es decir, hacer lo mismo que hicieron esta semana Forcadell y el resto de los miembros de la Mesa.

Forcadell, para quien el juez impuso prisión bajo fianza de 150.000 euros, y los demás miembros de la Mesa —que también dejó en libertad con una fianza, en este caso de 25.000 euros— acataron en su declaración la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se desmarcaron de la vía unilateral y se comprometieron a mantener su actividad política dentro del marco constitucional.

Para la Fiscalía, acatar el 155 y la Constitución minimiza el riesgo de que sigan con su estrategia independentista si los políticos encarcelados estuvieran en libertad, por lo que abre la puerta a que si hay un cambio de actitud en los exconsellers se replantee la prisión incondicional y puedan ser puestos en libertad bajo fianza, informa La Vanguardia.

Por otro lado, el abogado Andreu Van den Eynde, que defiende en el Supremo a Forcadell y la exmiembro de la Mesa Anna Simó (ERC), y en la Audiencia Nacional al exvicepresidente Oriol Junqueras y al exconseller Carles Mundó, ha pedido al juez del Supremo Pablo Llarena que asuma la causa por rebelión y sedición contra el Govern cesado que instruye la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional para evitar "disparidad de criterios".

Si bien el abogado considera que el órgano competente para la investigación y el enjuiciamiento es el TSJC, afirma que "no puede tolerar" que se pueda estar investigando ante la Audiencia Nacional algo cuya afectación a la situación jurídica (y por tanto, también personal) de Forcadell y Simó es incontestable, en sus palabras.