En su comparecencia en la comisión de investigación sobre dicha planta, Ayerdi ha indicado que "hemos constatado la duplicidad" y "hemos dado una subvención indebidamente". Según ha precisado, desde Desarrollo Económico se abonó la subvención ante las facturas presentadas por la empresa que "cubrían los 2,5 millones de depósitos y cogeneración" y "ese mismo concepto dio derecho a subvenciones en Desarrollo Rural".

"En sí no sería un problema si las convocatorias permitieran compatibilidad de subvenciones", ha dicho el vicepresidente, para precisar que no era así. "Nuestra convocatoria era incompatible con otras", ha comentado.

Según ha apuntado, "se ha producido una situación no correcta, difícilmente comprobable en aquella época porque no fue la empresa la beneficiaria sino el Ayuntamiento". Además, ha señalado que "las facturas que sirven de justificación en ambos departamentos no son del mismo proveedor, sino de distintos, es lo más llamativo". "No era fácilmente detectable, pero sucedió", ha añadido.

Preguntado por el parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza si cree que se actuó con "mala fe", el vicepresidente ha señalado que él no iba a dar una "respuesta contundente", pero ha señalado que esta duplicidad "fue posible por el entramado societario" en torno a la planta de biometanización y ha añadido que "fue importante el papel jugado por el Ayuntamiento porque es beneficiario de las subvenciones de Desarrollo Rural".

ACUERDO DE GOBIERNO

Por otro lado, ante las preguntas del representante de UPN Sergio Sayas por el acuerdo de Gobierno del 6 de septiembre para encomendar al servicio de Asesoría Jurídica el inicio de acciones por este asunto, Ayerdi ha explicado que el acuerdo se adoptó con un informe firmado por él mismo y la consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde, y ha manifestado que "entiendo que está tomado con toda la legalidad preceptiva".

Tras precisar que "el procedimiento previo fue cotejado por la Asesoría Jurídica", Ayerdi ha comentado que "el camino estaba hablado y cotejado con la Asesoría Jurídica" y que "hay un informe de Secretaría General técnica de Presidencia diciendo que el acuerdo se toma de acuerdo a derecho".

Sobre por qué el Gobierno decide tomar esa decisión el 6 de septiembre y "no antes", el vicepresidente ha señalado que "no lo sé", pero ha comentado que se "toma cuando lo considera, las cosas llevan su tiempo". "Soy uno de los consejeros promotores del informe, y la toma entonces porque es cuando terminamos la propuesta de informe y hemos necesitado tiempo para ir chequeando los elementos que están en el informe", ha explicado.

Ha comentado Ayerdi que si bien la Fiscalía tomó la decisión de archivar este caso, "está la vía abierta del Tribunal de Cuentas, que sigue su camino". "En virtud de la información que remitimos, el 20 de septiembre el Tribunal de Cuentas decide no archivar y nombra a un delegado instructor", ha precisado.

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha criticado que este acuerdo del Gobierno se aprobó "sin informe jurídico" y "solo en base a un informe de dos consejeros".