El juez dice que no hay pruebas de uso de dinero público para el 1-O y rechaza la fianza civil de 6,2 millones que pedía la Fiscalía

El juez dice que no hay pruebas de uso de dinero público para el 1-O y rechaza la fianza civil de 6,2 millones que pedía la Fiscalía

Forcadell
Forcadell, llegando al Supremo. (EFE)

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado, además de la prisión incondicional, otra de las medidas que pidió la Fiscalía en su querella contra Carme Forcadell y los exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña: el pago de una fianza de 6,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

Esta decisión choca frontalmente con la tomada por la juez Carmen Lamela para el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y todos los exconsellers: les dio tres días laborables, a contar desde sus declaraciones ante el tribunal, para pagar otros 6,2 millones, un plazo que terminó el día 8 de noviembre y a partir del cual la magistrada podía empezar a embargarles sus bienes. Finalmente, ha ampliado ese plazo.

Las dos fianzas de 6,2 millones (una por querella, y no una conjunta, según han confirmado a 20minutos desde la Fiscalía) estarían destinadas a cubrir lo gastado, presuntamente, en la organización del referéndum del 1-O y tendría su origen en los recursos públicos de la comunidad autónoma. La Fiscalía, según el auto del juez, calculó la cuantía en función de las partidas incluidas en los presupuestos de la Generalitat para 2017; unas partidas que, por cierto, el Tribunal Constitucional anuló en julio por unanimidad.

Para la Fiscalía, la responsabilidad de los querellados está en que, como miembros de la Mesa, "permitieron la votación de una Ley de Presupuestos en la que se contemplaba y financiaba un referéndum que había sido declarado inconstitucional", en que actuaron contra el TC y también en que "promovieron las normas que determinaron la celebración de la consulta y comprometieron con ello el gasto".

El juez del Supremo admite que, como el referéndum se llevó a cabo, "pudo llegar a consumir los recursos públicos", pero añade que, por el momento, no existe "base probatoria", es decir, no hay pruebas de que fuera así, "y menos aún que lo fuera con el alcance económico inicialmente previsto que se reclama afianzar". Si en la instrucción del caso se demuestra lo contrario, entonces sí podría determinar una fianza, afirma.

El rechazo a la fianza no impide que Forcadell y los otros querellados sigan investigados, además de por rebelión y sedición, por un delito de malversación de fondos públicos. Es más: el juez Llarena ha reclamado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que le remita la causa por la que ya se investigaba a todos ellos por la presunta comisión de los delitos de desobediencia y prevaricación.

Para Lamela, una fianza necesaria

La argumentación del juez para rechazar la imposición de una fianza de responsabilidad civil choca frontalmente con la de la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, que sí decidió hacerlo en la causa contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers del Govern catalán.

"No es precisa la concurrencia de prueba de cargo con fuerza suficiente para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia", dijo la juez en su auto cuando admitió la querella; le sirvieron los "indicios" que presentó la Fiscalía y consideró que la imposición de una fianza era "necesaria", por la gravedad de los hechos que se investigan y porque la fecha de un juicio está todavía muy lejos, por lo que el riesgo es alto.

En la euroorden que envió a Bélgica para la detención de Puigdemont y los cuatro exconsellers que se quedaron en Bélgica, Lamela incluyó para ellos los delitos de prevaricación y desobediencia, a pesar de que en el auto de admisión de la querella decía que el delito de rebelión "absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación" y de que a los demás exconsellers, los que sí declararon en Madrid, no se los atribuyó.

El juez Llarena podría reclamar en pocos días a la juez Lamela la causa contra el Govern cesado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el delito principal que se achaca a los querellados es el de rebelión, que es conjunto, y que la Fiscalía relató en sus querellas que la participación en los hechos de los exmiembros del Govern y los del Parlament no podían entenderse por separado. Así lo explicó también respecto a la situación de los Jordis.

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