A lo largo de la reunión, la presidenta de la Plataforma, Isabel Segura, ha querido conocer de primera mano los fondos europeos destinados a la Comunitat en materia de movilidad, vehículos adaptados o adaptación energética, entre otros, para solicitarlos y así "reducir el gasto que los taxistas con más de una licencia van a tener que realizar en menos de seis meses para convertir sus vehículos en adaptados para personas con capacidad de movilidad reducida", ha explicado en un comunicado.

El objetivo, ha señalado, es "conseguir que los compañeros afectados por la nueva normativa puedan recibir ayudas para adaptar sus vehículos y no pierdan sus puestos de trabajo".

En este sentido, ha lamentado que "al sector nunca le han llegado las ayudas de la Unión Europea y creemos que ahora son imprescindibles para poder cumplir con las normas marcadas por Bruselas".

"Sin subvenciones -ha argumentado- no vamos a poder ayudar a la Administración Autonómica a cumplir con la normativa europea de alcanzar el 5% de vehículos adaptados porque la mayoría no disponemos del dinero necesario para poder adaptar los taxis, estamos hipotecados de por vida para pagar nuestras licencias que compramos con mucho sacrificio, de forma legal y pagar nuestros coches híbridos que no tienen más de 2 ó 3 años y que ahora ya no van a servir. El coste para adaptar un taxi es excesivo e inasumible", ha sentenciado.

Por su parte, la directora general de relaciones con la Unión Europea, Daría Terrádez, ha garantizado que trasladará esta solicitud a la Comisión Europea, para ver la posibilidad de que el sector del taxi pueda presentar sus proyectos para poder optar a estos fondos,

aseguran desde la Plataforma.

En este sentido, han apuntado que Terrádez se ha comprometido a hablar con el director general de Financiación y Fondos Europeos para mantener "en breve" una segunda reunión en la que exponer el problema de forma más amplia y saber cuáles son las ayudas europeas concretas a las que podrían optar en este momento los taxistas para paliar parte del coste de adaptar sus vehículos o hacerlos eléctricos como establece la nueva ley.