En un comunicado, Lasa ha explicado que el objetivo es "reforzar la confianza de la ciudadanía en la institución a través de la profesionalidad e integridad de sus trabajadores". Este Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público tendrá la condición de código deontológico y, por consiguiente, de obligado cumplimiento por los empleados de la institución foral.

"El objetivo es seguir profundizando en la ejemplaridad, objetividad y excelencia de las y los empleados públicos forales en el ejercicio de sus funciones, reforzando su imagen de imparcialidad, profesionalidad e integridad", ha incidido Lasa.

Además, ha señalado que "la actividad de servidor público o de empleado público foral es una profesión cuya finalidad última y esencial es prestar servicio a la ciudadanía". Según ha indicado, el Código establece dos grandes ámbitos, por un lado "los valores éticos y las normas de conducta, que están íntimamente ligados al Sistema de Integridad Institucional aprobado con anterioridad" y, por otra, "los principios de buena gestión y las normas de actuación profesional".

"Esta división es especialmente oportuna en el caso del empleo público, ya que muchas de las normas de actuación profesional están previstas en el propio proceso de acceso al puesto de trabajo", ha señalado. Además, ha apuntado que este Código "no se conforma con que el empleado público cumpla con las obligaciones legales, sino que busca la calidad y la excelencia en el servicio público".

En cuanto a los valores éticos, ha explicado que el Código regula aspectos como "los conflictos de interés, la eficiencia; evitar interferencias externas en la toma de decisiones, justificar las propuestas de resolución o informes o actuaciones en datos pertinentes y técnicos, el uso de información sensible, el de los dispositivos móviles personales, las invitaciones, regalos, viajes o comidas, o la objetividad".

En cuanto a los principios de buena gestión, Lasa ha indicado que los empleados forales "se comprometen, entre otros, con el desarrollo efectivo de una política de transparencia-publicidad activa, y de una apertura efectiva de datos públicos, impulsando la reutilización de la información pública; con la administración digital, la simplificación de procedimientos y la eliminación de cargas administrativas a la ciudadanía y a las empresas, reduciendo papeleo y el tiempo de respuesta de las peticiones y consultas; así como con la promoción y el uso del euskara".

De igual manera, "colaborarán activamente en los procesos de gestión del conocimiento que está poniendo en marcha la Diputación en los próximos años como consecuencia del envejecimiento de la plantilla y el consiguiente número de jubilaciones, para hacer frente a la afectación a determinados puestos nucleares de la organización y a la necesidad de transferencia de ese conocimiento y destrezas a los nuevos empleados públicos que ocupen tales puestos estratégicos", ha indicado.

Lasa ha puntualizado que este es el tercer Código aprobado esta legislatura en el marco del Sistema de Integridad Institucional. En este sentido, ha recordado que el año pasado se aprobó uno aplicable a los altos cargos forales, recientemente otro correspondiente a las empresas que participan en adjudicaciones de la Diputación, y "en breve se dará curso a otro dirigido a las entidades que reciben subvenciones del ente foral".

Al respecto ha señalado que los representantes políticos deben "dar ejemplo". Finalmente, ha señalado que corresponderá a la Comisión de Ética Institucional de la Diputación, creada el pasado año, "dirimir y resolver las cuestiones éticas, consultas, dilemas o problemas que pudieran plantearse en torno al Código".