La Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández García, ha elevado a la Fiscalía General del Estado (FGE) la necesidad de una reforma legislativa para que se declare la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio y asesinato consumados, al igual que se hizo con los delitos de terrorismo con resultado de muerte.

"Resulta contradictorio asignar una pena de prisión permanente a hechos extremadamente graves y mantener a la vez la posibilidad de que puedan prescribir por el mero transcurso del tiempo, entre lo que se incluye la posibilidad de huida del delincuente a la espera de esta prescripción", ha dicho Fernández García en una comparecencia parlamentaria en la que ha presentado la Memoria de la Fiscalía de Asturias correspondiente al año 2016.

No ha sido el único planteamiento que Fernández Díaz ha puesto de manifiesto ante los diputados asturianos. También ha reivindicado la necesidad de que desde Fiscalía se pueda atajar la problemática de las denuncias que simplemente persiguen una repercusión mediática, pero que no prosperan y les hacen perder mucho tiempo y recursos.

Tal y como establece la regulación actual cualquier denuncia da lugar a la incoación de diligencias de investigación, a pesar de que, como ha reconocido Fernández García su argumentación "dé risa". El tiempo lo demuestra y terminan siendo archivadas.

Por ello, la Fiscal Superior de Asturias ha pedido la capacidad de que su departamento pueda hacer una valoración previa y dictar un decreto de no admisión a trámite de la denuncia. "Así evitaríamos un aluvión de trabajo que muchas veces, ya casi antes de empezar, se atisba que no tiene visos de prosperar", ha lamentado.

Buena parte de denuncias genéricas que reciben "lo único que persigue es la noticia periodística de que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación contra determinada persona", ha indicado.

Lo "idóneo", ha comentado, sería que fuese la Fiscalía la que estuviera capacitada para realizar una "criba inicial" entre las denuncias que reciben.

También, dentro del capítulo de diligencias de investigación, Fernández García ve necesario que todos los asuntos de corrupción tengan un plazo de instrucción de 18 meses.

FALTA DE MEDIOS

En su intervención ante el parlamento asturiano, la Fiscal Superior de Justicia, que ha empezado por enviar su apoyo a los Fiscales de Cataluña "ante las dificultades de todos conocidas con las que se están encontrando en su vida diaria",

no ha dejado pasar la oportunidad para reclamar más recursos.

Ha dicho que falta personal y que esto está haciendo que buena parte de los delitos leves no se estén registrando. Ha lamentado que ni siquiera están conectados a la plataforma informática Lexnet, por lo que no pueden conocer los plazos por esa vía. Ha reconocido que cuando a ella se le estropea un ordenador, sabe que va a estar dos días sin trabajar, por la excesiva burocracia para arreglarlo por parte de un operario que, además, ni conoce.

"No olvidamos que la situación económica continúa atravesando dificultades pero es el momento de dar al Ministerio Fiscal el impulso que se merece para que pueda seguir desarrollando su labor con eficacia y efectividad", ha reclamado.

Ha considerado "inaplazable" la creación de la Oficina Fiscal y la Unidad de Apoyo al Fiscal Superior que estaría encargada de asistir al Fiscal Superior en materias de estadística, informática o gestión de personal. Además, ha pedido una nueva relación de puestos de trabajo (RPT).

"Resulta imprescindible que se consume la tan deseada y reclamada singularización presupuestaria para que el ciudadano sepa en qué se gasta su dinero si se opta por invertir en Justicia y , más concretamente, en la Fiscalía", ha concluido.