El actual coordinador del grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, ha asegurado que durante todo este tiempo se ha sentido "perseguido", y que no sólo se ha puesto en tela de juicio su gestión al frente TG7 sino también la labor de los trabajadores de la televisión, lo cual le parece "aún más grave".
El informe municipal, consultado por Europa Press, señala que "es preciso distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito" como puede ser el de prevaricación, para el cual "es necesario que el autor actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución".
Por ello, no cree que pueda ser "susceptible de ser constitutiva" de la presunta comisión de este delito la conducta de quien "contrató los servicios complementarios al contrato de grabación de los eventos informativos, programas o especiales designados por TG7" y cuyo pago ha sido requerido por la productora al Ayuntamiento.
El equipo municipal de gobierno, del PSOE, condicionó al resultado de este informe la decisión de llevar o no a la Fiscalía los resultados de la comisión de investigación para aclarar los gastos extraordinarios y sin dotación presupuestaria de la televisión municipal TG7 por medio millón de euros durante el mandato del PP, que concluyeron que hubo "irregularidades administrativas" en el procedimiento.
Una vez concluido el informe, el edil del PP Juan Antonio Fuentes ha solicitado a los grupos municipales "que pidan perdón o, si siguen viendo alguna sombra de duda, que vayan de inmediato a la Fiscalía", lo cual ya les he pedido "varias veces", si bien han de valorar, en su opinión, que, en ese caso, "estarían litigando contra un informe oficial del Ayuntamiento".
En ese sentido, Fuentes ha respondido también a quienes han apuntado a que el resultado del informe puede ser "el fruto de un acuerdo entre el equipo de gobierno y el PP", un extremo que "es rotundamente falso".
Ello "querría decir que alguien del equipo de gobierno ha ido a una funcionaria a decirle cómo debe hacer un informe, y eso es un delito", ha indicado Fuentes, que ha invitado al PSOE, en ese sentido, a que, "si es necesario, adopte las medidas jurídicas que convengan para proteger al personal de esta casa, porque ese tipo de acusaciones son vergonzosas".
"No pedirán perdón ni los de la vieja política ni los de la nueva", ha señalado el coordinador del grupo municipal del PP, para quien ha habido "una caza de brujas" para atribuirle "barbaridades, demostrando de paso un absoluto desconocimiento de la legalidad que, en el caso de algunos concejales que han ejercido de abogados, es especialmente grave". En opinión del concejal del grupo 'popular', Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida harían mejor "en ejercer de una vez como oposición al gobierno local" en vez de su partido.
El informe municipal no aprecia ninguna conducta susceptible de ser considerada como un delito de prevaricación administrativa y resalta que no se vulneró la legalidad al contratar unos servicios complementarios valorados en 547.000 euros, una cantidad que figura en una factura emitida por una productora y que repercutió en las arcas municipales.
"Pasó como ocurre con Canal Sur, que cierra un ejercicio con una deuda de 27 millones y esa deuda la asume la Junta de Andalucía", ha comentado Fuentes, que al hilo de eso ha añadido que le llama la atención que Ciudadanos "asuma sin problemas esa deuda de la televisión andaluza y apoye los presupuestos autonómicos y luego, aquí en Granada, pida dimisiones y nos acuse de ilegalidades".
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