La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha indicado que el sistema de alertas tiene como objetivo "más que perseguir irregularidades evitar que se produzcan" porque, como dice el dicho popular, "más vale prevenir que curar". Se trata, ha agregado, de un proyecto pionero para "recuperar el prestigio de la administración valenciana" y luchar contra una corrupción que en el pasado "se instaló en todas las esferas" con el PP en el Consell.

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno que "la lucha anticorrupción comienza con la autolimitación de cada poder" para prevenir conductas que puedan desembocar en la corrupción.

Bajo esa premisa, el anteproyecto de ley desarrolla un sistema de alertas informático que cruza todas las bases de datos de que dispone la administración autonómica, siempre en el marco de la ley de protección de datos, para detectar, por ejemplo, el abuso de un determinado tipo de contrato en una conselleria.

La herramienta informática ha sido desarrollada por la Universitat Politécnica de València (UPV) en virtud de un convenio suscrito con Transparencia -por importe de 55.000 euros- y se ha contado también con el asesoramiento de Hervé Falciani, la Fundación Baltasar Garzón y Transparencia Internacional.

Partiendo del análisis de las situaciones irregulares que pueden darse en el futuro, no solo casos graves de corrupción, sino anomalías a nivel administrativo como el abuso de determinados tipos de contratos, la gestión del personal, el fraccionamiento de contratos, el uso incorrecto de la caja fija, alteración de competencias o la contratación reiterada con un licitador, se han elaborado algoritmos matemáticos que alertarán cuando se produzca una situación susceptible de irregularidad.

Así, cuando se detecte por ejemplo que una entidad "recibe un número inusualmente alto de subvenciones puede significar que haya irregularidades", con lo que saltaría la alarma en la Inspección General de Servicios, cuyos técnicos comenzarían la investigación, de acuerdo a sus competencias legales. "No es una policía, no es la Fiscalía", ha advertido Manuel Alcaraz.

Si se confirma una irregularidad, como ocurre ahora, se notificaría a la Conselleria responsable o a la entidad del sector público. Si hay información más relevante se daría parte a la Intervención, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes o la Agencia antifraude, mientras que en los casos más graves se remitiría directamente a Fiscalía.

Se trata, ha remarcado el conseller, de actuar como ahora pero "más fácil" y los resultados de las investigaciones se publicarían en GVA Oberta a su conclusión, a través de un resumen con sus conclusiones y recomendaciones.

El sistema no estará en marcha hasta que la ley esté aprobada por las Corts, lo que podría tener lugar en primavera, y a partir de ahí estará plenamente operativo a lo largo de 2018.

ANONIMATO DEL "ALERTADOR" DE MALAS PRÁCTICAS

Preguntado sobre si este sistema garantiza la intimidad de los empleados públicos, ha señalado que se extremarán las cautelas pero en todo caso ya han mantenido reuniones con los sindicatos y estos tienen especial interés en que la figura del "alertador" tenga garantizado el anonimato si denuncia alguna irregularidad.

Para ello, ha avanzado que regularán con un decreto antes de Navidad el 'buzón responsable' para efectuar las denuncias sobre malas prácticas en la administración y se garantizará el anonimato "hasta donde se pueda".

COMPETENCIAS DE LA INSPECCIÓN

El anteproyecto de Ley también establece la competencia, funciones y principios de la Inspección General de Servicios para reforzar su actuación. Se refuerza la estructura, las potestades y las funciones de este, el máximo órgano de control interno de la Administración de la Generalitat que se encarga de la vigilancia del estricto cumplimiento de la legalidad y de la observación de los principios generales que han de respetar las administraciones públicas en su actuación.

Entre las principales novedades de esta nueva regulación se contempla, además de investigar las posibles irregularidades, que la Inspección General de Servicios se implicará de manera directa con el sistema preventivo de alertas para tratar de evitar que se produzcan malas prácticas mediante su detección y corrección temprana.

Asimismo, se modifican y regulan algunas atribuciones, como el carácter de autoridad del personal inspector de servicios y la inclusión de un régimen sancionador, además se le confiere autonomía funcional, entre otros mecanismos, para garantizar la eficacia de sus investigaciones y favorecer el cumplimiento de sus recomendaciones.

El nuevo texto normativo define las relaciones de colaboración y coordinación entre todos los órganos e instituciones de control, tanto internos como externos, necesarios para la efectividad de esta ley, como son la Intervención General de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas, la Oficina de Control de Conflicto de Intereses y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

El anteproyecto hace un énfasis especial en la inhibición de asuntos por razón de la materia en favor de estas instituciones y órganos. Se les dará traslado cuando se detecte la existencia de indicios de fraude o corrupción a partir de las irregularidades advertidas y se pondrá a su disposición toda la información obtenida durante la actuación investigadora de la Inspección General de Servicios.