La apuesta estrella del PSOE en la crisis catalana, la comisión de estudio sobre el modelo territorial, pierde cada vez más apoyos. Tras el descuelgue de Unidos Podemos y los nacionalistas, este jueves fue Albert Rivera (Ciudadanos) quien reclamó que se "retire" ese órgano. Los socialistas, sin embargo, insisten en su puesta en marcha cuanto antes, en una o dos semanas, y ven clave que sea antes de las autonómicas del 21D.

Este martes, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, decidió no ampliar el plazo para que los grupos comuniquen sus representantes en esa comisión. Pastor tendrá ahora que poner fecha a la sesión constitutiva del órgano, una competencia que es suya en exclusiva. Por ahora, sólo PP, PSOE, Ciudadanos y formaciones del grupo mixto han indicado a qué diputados enviarán a ese foro de diálogo, que tendrá una duración de seis meses.

La delegación socialista la encabeza Adriana Lastra, vicesecretaria general, y la componen, entre otros, el exlehendakari Patxi López y la coordinadora de los diputados del PSC en el Congreso, Meritxell Batet. Por el PP estarán, por ejemplo, su coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo; Alicia Sánchez-Camacho y el secretario general del grupo, José Antonio Bermúdez de Castro. Ciudadanos enviará a Ignacio Prendes, Javier Cano y Virginia Millán.

Lo cierto es que a día de hoy sólo PP y PSOE se mantienen firmes hasta ahora en su apuesta por esta comisión, que propuso a comienzos de septiembre el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, y que cuando se registró únicamente cosechó el rechazo claro de ERC. En las últimas semanas, sin embargo, el goteo de bajas ha sido notorio: ni Podemos ni PDeCAT ni PNV acudirán, y Ciudadanos critica la propuesta.

El partido de Pablo Iglesias considera que el diálogo es "imposible" hasta que se restablezca la "normalidad" en Cataluña y cese la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las medidas adoptadas al amparo de ese precepto de la Carta Magna han sido también el detonante del descuelgue de PDeCAT y PNV, partido este último que el PSOE quería que asumiera la Presidencia de la comisión.

En cuanto a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, aconsejó este jueves al PSOE que "retire" la propuesta porque "ha fracasado": "No contenta a los separatistas y tampoco aborda los temas de regeneración que necesita este país. Planteemos una reforma de la Constitución, de todos los aspectos y no sólo del asunto de Cataluña, en 2018", reclamó en una entrevista en la Cadena SER.

Fuentes de la dirección del PSOE consultadas por 20minutos indicaron que Rivera no había dicho "ni una palabra" a los socialistas sobre esa petición hasta ahora. En todo caso, subrayaron que "por supuesto" seguirán adelante con la puesta en marcha de la comisión. En el PSC destacan la importancia de que eche a andar antes del 21D para abrir el camino de la reforma constitucional, su apuesta fuerte para lograr el encaje de Cataluña.

En este sentido, la número dos del PSOE, Adriana Lastra, dijo en TVE que espera que "el resto" de fuerzas políticas "se sume" en las próximas semanas. Y es que los socialistas veían complicado que los grupos catalanes aceptaran sentarse ahora en ese foro por la "coyuntura" política, pero esperaban retener a Podemos y PNV, sin los que creen que una hipotética reforma constitucional se complicaría, no desde el punto de vista de los números, pero sí desde el de la legitimidad.

El PSOE confía, en todo caso, en que todos los partidos acaben sentándose a la mesa tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre. De hecho, enmarcan los movimientos de otras formaciones en el clima preelectoral y relativizan por ello las reticencias a sumarse a una iniciativa que desde el inicio han abanderado los socialistas, aunque como recuerdan fuentes del partido, los cargos del PSOE reiteran con frecuencia que la comisión tiene que ser "de todos", y no un foro partidista.

Si se cumple el calendario acordado por Pedro Sánchez con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la comisión de estudio del modelo territorial tendrá una vigencia de seis meses. El PSOE propone abordar cuestiones como la sentencia del TC sobre el Estatut de 2006 y la financiación autonómica. Después, se abriría otra comisión para abordar la reforma de la Carta Magna, algo a lo que el PP está dispuesto, según anunció Sánchez el 11 de octubre.