Una pena que ha llegado tras la conformidad de las partes, que ha evitado la celebración del juicio oral, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, que también refleja una inhabilitación absoluta de dos años para esta persona.

Se considera probado que la condenada recibió diferentes cantidades de dinero en metálico de distintos particulares entre los años 2004 y 2009, cuando desempeñaba su trabajo como oficial de primera en la oficina liquidadora del mencionado registro. Unas cantidades que se entregaban por las cartas de pago de las operaciones que iban a inscribir, generalmente compraventas. Una actividad que no podía realizar, al estar "expresamente prohibido" por la Ley.

Así, los particulares debían efectuar los ingresos en las cuentas restringidas establecidas a tal efecto en los bancos, para después acudir con el justificante de pago al registro de la propiedad, para la inscripción.

Para dar apariencia de la legalidad, según la sentencia, la condenada colocaba en el modelo de autoliquidación una pegatina "distinta" a la que correspondía, generalmente una referente a otro expediente registral liquidado de forma legal, o bien una pegatina "en blanco".

De este modo, no daba de alta el expediente en el programa de registro o "no hacía coincidir" el sujeto pasivo de la carta de pago con los expedientes, sin "validación mecánica" alguna. Incluso, llegaba a hacer figurar validaciones de pago "irreconocibles e inidentificables".

En total, los expedientes "anómalos o irregulares" son 67 y suponen una cuota tributaria de 134.703,58 euros. Ya se ha procedido a la regularización de todos ellos, según añade el mismo texto. Estos hechos han sido admitidos por las partes.