El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa por rebelión, sedición y malversación contra los miembros de la Mesa del Parlament ha decidido, a petición de las defensas, aplazar hasta el día 9 de noviembre las declaraciones de los investigados.
Este jueves y el viernes tenían que prestar declaración la presidenta Carmen Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa, que tienen la condición de aforados por formar parte de la Diputación Permanente de la Cámara catalana.
Sus abogados han pedido más tiempo para poder preparar las estrategias de defensa y el magistrado Pablo Llarena ha decidido el aplazamiento. El juez ha decretado también, a petición de la Fiscalía, someter a control policial a los querellados hasta que se produzcan sus declaraciones.
Así, los seis investigados han tenido que facilitar a la Policía su domicilio y su teléfono, entre otros datos, para estar llocalizados en cualquier momento. Una medida que los letrados han calificado a la salida como "la menos invasiva" para sus defendidos, ya que no implica ningún seguimiento ni presencia policial en sus domicilios, aunque han querido dejar claro que no la consideraban "necesaria".
Javier Melero, que defiende a Lluís Corominas y Lluís Guinó, ha reconocido que la estrategia del expresidente Carles Puigdemont, quien ha rehusado comparecer ante la Audiencia Nacional, perjudica a la estrategia de los demás investigados.
Tornem cap a casa. Gràcies a tots i totes per la feina, suport i esforç. Tot el suport als Consellers que declaren a l’Audiència Nacional.
— Carme Forcadell (@ForcadellCarme) November 2, 2017
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