Se trata de una cita habitual cada año y en la que han estado presentes además del subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, representantes de la Guardia Civil, de la dependencia de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y de las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, Faeca e Infaoliva.

En el encuentro, según ha informado la Subdelegación en una nota de prensa, Francisco Fuentes se ha mostrado confiado en que la campaña se desarrolle, en el ámbito de la seguridad, "sin incidencias destacadas", para lo que ha pedido a los representantes agrarios su colaboración con las Fuerzas de Seguridad y la adopción de "unas elementales medidas de cautela para evitar robos de aceituna, aperos y maquinaria empleada en la recolección".

Entre dichas medidas, se encuentran, el traslado, lo antes posible, del producto recolectado al punto de compra; el inicio de la recolección por las áreas más próximas a caminos y carreteras o el control de maquinaria y utensilios utilizados.

También se ha recomendado a los agricultores que, en caso de robo, denuncien cuanto antes el hecho para que se pueda actuar con rapidez. En este sentido, durante esta campaña se establecerán mecanismos de comunicación directa entre los agricultores y la Guardia Civil para "agilizar las actuaciones".

La Guardia Civil también ha informado a los representantes agrarios de que, durante la campaña, se prestará especial atención a la prevención de sustracciones de maquinaria, control de los puntos de almacenamiento y recepción de la aceituna, recogida y traslado del producto y control de mercancías.

Respecto de este último punto, se ha hecho referencia a la circular sobre la ordenación del transporte, circulación, recepción y venta de productos agrarios, que regula la documentación precisa desde que la aceituna se recoge hasta su entrega en los puntos de compra y almazara y que se denomina Guía Conduce. De esta forma, se certifica la procedencia de la mercancía para evitar irregularidades.

La circular recoge igualmente la obligación de los propietarios de las fincas de tener a disposición de los agentes de la autoridad la documentación necesaria para impedir que se encubran situaciones de aprovechamientos ilegales o de contratación irregular de trabajadores, con la finalidad de "comprobar que el personal que participa en la recolección se corresponde con el designado por el titular de la explotación".