El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que "no le consta" que el expresidente catalán, Carles Puigedemont, se "haya fugado de España", pero se ha mostrado seguro de que si la Justicia española le reclama comparecerá "con todas las garantías, sabiendo que le enjuiciará un tribunal independiente".

"En la Europa actual estar en Bruselas o en Madrid no es una gran diferencia a los efectos de cumplir con las obligaciones que un tribunal pueda exigir", indicó Catalá este lunes por la noche en una entrevista en la cadena Cope, en relación con el viaje de Puigdemont a la capital belga junto a cinco exconsejeros de su Gabinete, que, como él, fueron destituidos el pasado viernes por un decreto del Ejecutivo español.

Según señaló el ministro, el Gobierno español no podía impedir la marcha del expresidente del Gobierno catalán a Bruselas porque actualmente no tiene la libertad limitada por un juez para impedir sus desplazamientos.

Recordó que en Europa existe derecho de asilo por persecución ideológica u otras circunstancias que no se darían en el caso de Puigdemont, e irónicamente, señaĺó que podría pedirlo "hipotéticamente con ese gran abogado que ha buscado", refiriéndose al belga Paul Bekaert, el letrado especializado en defender a miembros de ETA y contratado por el expresidente catalán.

A pesar de todo, se mostró "seguro" de que una "hipotética" petición de asilo en Bélgica "le dura media hora" a Puigdemont "porque "no tiene ningún fundamento".

El ministro dijo que "no le consta" que haya habido conversaciones entre los gobiernos español y belga y "tampoco cree que sean necesarias", pero que lo que sí sabe es que España ha recibido un "reconocimiento internacional unánime" de que "las cosas" aquí se van a restablecer de acuerdo a la ley y al Estado de Derecho.

En su opinión es "impensable" y "chusco" que Puigdemont y algunos de sus exconsejeros se hayan ido a Bruselas porque piensen que en España no funciona la Justicia y que no hay garantías jurídicas suficientes.

Amitió el carácter "independentista" del Gobierno belga, pero añadió que "aunque quisieran" no encontrarán "ninguna causa que justifique una situación de persecución en España que haga que le otorguen un derecho" de asilo a Puigdemont "o a quien lo solicitase en su caso".

"No me imagino que el Gobierno de España tenga que pedir la extradición de Puigdemont", dijo Catalá, y agregó que en el "hipotético" caso de que el expresidente no compareciera ante la Justicia española, "en media hora" la Unión Europea lo pondría a disposición de España con una orden de entrega "inmediata", pero insistió en que "no se ve" en ese escenario.

Según el ministro, "los que están en Bruselas no ayudan nada a la marcha de este proceso judicial" quese inició este lunes con la querella de la Fiscalía, porque generan una "desconfianza" hacia las personas implicadas en la declaración independentista que aún están en España, para los que el Fiscal podría pedir medidas cautelares, al margen de la acción de la Justicia.

El ministro elogió el trabajo de la Fiscalía, pues aseguró que actúa de manera "autónoma", y que el Gobierno se ha limitado a resolver un problema político, a buscar soluciones "lo menos traumática posibles", aplicando el artículo 155 de la Constitución con medidas "proporcionales en el tiempo y en contenido".

También dijo que antes de entrar en el Consejo de Ministros del pasado viernes "no sabía" que el 21 de diciembre habría elecciones en Cataluña, pero que era necesario celebrarlas pronto "para devolver la voz a los catalanes y que cuanto antes surja un nuevo Gobierno y vuelva la situación a la normalidad".

Confesó que en esas elecciones desea que triunfen los partidos constitucionalistas y que exista "un equilibrio de fuerzas" en el Parlamento que de lugar a un Gobierno que defienda la ley y el Estatuto catalán, pero que si no fuera así, el Gobierno de España "volvería a tener la obligación de actuar" para que no se incumpla la ley.

A Catalá "no le consta" tampoco que haya habido un acuerdo entre el PNV y Puigdemont el jueves pasado porque su impresión es que se trató de "una relación absolutamente desequilibrada" en la que se pretendía "mas que negociar hacer chantaje" con cuestiones que no estaban en manos del Gobierno, como la libertad de los "Jordis".

El ministro agradeció a Ciudadanos y al PSOE que en el momento "más complejo de la historia de nuestra democracia"hayan estado "a la altura de las circunstancias ", no "apoyando al PP" sino "al Estado de Derecho".