Estos tres empresarios -que recibieron adjudicaciones del Ayuntamiento valenciano en la época que se investiga- han acudido este viernes a declarar al juzgado de Instrucción número 18 de València en calidad de testigos dentro de la pieza, incluida en el caso Taula derivado del caso Imelsa, sobre la supuesta financiación irregular a través de la empresa Laterne Product Council (LPC) de las campañas del PP valenciano de 2007, 2011 y 2015 en la que están investigados el exvicealcalde, Alfonso Grau, y la gerente del PP nacional, Carmen Navarro.

Los empresarios citados, preguntados por los pagos hechos al partido,

han afirmado que no podían justificarlos con documentación ni tampoco recordaban algunos de los detalles por los que han sido interrogados, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.

Las mismas fuentes apuntan que el único que ha admitido un pago a la empresa Laterne de 500.000 euros ha sido el representante de la Sociedad de Agricultores de la Vega, aunque ha dicho que fue a fondo perdido, que no le dieron justificante ni explicaciones ni él las pidió.

Este mismo testigo ha manifestado que en las reuniones que mantuvo nunca estaba Alfonso Grau ni tampoco el abogado José Luis Corbín, cuñado de la entonces alcaldesa de València, Rita Barberá.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó al juzgado que instruye la causa un informe que apunta a que el que fuera administrador de Laterne Vicente Sáez, ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron "utilizar el entramado empresarial" del primero para "alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros".

Esta operativa se llevaba a cabo, de acuerdo a los datos recabados por los investigadores, "velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".

Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado "tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas" figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.

El informe recoge también una operativa por la que se habría satisfecho, ya en 2008, el importe de gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban a LPC.