JxSí y la CUP presentaron y registraron el lunes 28 de agosto en el Parlament su proyecto de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, aprobada en el pleno y suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Bautizada como la principal ley de 'desconexión', define un corpus legal transitorio hasta la redacción de una Constitución catalana: se trata de una Carta Magna provisional que estaba previsto que entrara en vigor sólo si ganaba el 'sí' a la independencia en el referéndum del 1 de octubre.

La ley indica que es el Govern el que detalla el despliegue y este viernes el pleno del Parlament ha votado una proposición de resolución de JxSí y la CUP que insta al Ejecutivo catalán a hacerlo ya.

Estas son las claves de la norma:

Cataluña será una república y tendrá constitución propia. Hasta que esta carta no vea la luz —necesitará los votos de 3/5 partes del Parlament en primera vuelta—, la ley de transitoriedad será "la norma suprema del ordenamiento jurídico". Junts pel Sí y la CUP prevén que podría aprobarse en el plazo de un año si ganase el 'sí'.

La Administración de la Generalitat, "que incluye todas las administraciones de Cataluña", sucederá a la del Estado en territorio catalán. El personal del Estado que preste sus servicios en Cataluña se integraría en la administración pública catalana en las mismas condiciones retributivas y empleo, salvo que renuncie.

El proceso constituyente tras el referéndum tendrá tres fases: un proceso participativo y deliberativo de seis meses de duración; elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente; y ratificación de la constitución en referéndum y nuevas elecciones.

El president o presidenta de la Generalitat será jefe de Estado, dice la ley, que no aclara si también será presidente de la república. Eso lo definirá "el proceso constituyente", según la CUP.

Tendrán de forma automática la nacionalidad catalana los españoles que estuvieran empadronados en un municipio catalán antes del 31 de diciembre de 2016 y aquellos que se hubieran empadronado desde el 1 de enero de 2017 y cumplan dos años en esta situación. También los españoles nacidos en Cataluña, los hijos de padre o madre con nacionalidad catalana, menores adoptados tras la entrada en vigor de la ley con padre o madre catalanes, etc.

Podrán adquirirla aquellos que hayan residido legalmente durante los últimos cinco años en Cataluña. Tener o adquirir la nacionalidad catalana "no exige" renunciar a la española ni a "cualquier otra", así que la norma prevé "negociaciones" para la firma de un tratado bilateral con el Gobierno español.

El derecho de sufragio "queda reservado a las personas con nacionalidad catalana". Podría extenderse a "determinados" extranjeros "mediante una ley o un tratado internacional".

La norma contempla una amnistía para los investigados o condenados por el proceso soberanista. Los procesos penales se sobreseerán o anularán.

Las leyes en vigor de carácter local, autonómico y estatal que no contravengan la ley de transitoriedad y las leyes posteriores de derecho catalán seguirán aplicándose. Gobierno y parlamento las adaptarán, modificarán o anularán si procede. También siguen vigentes las leyes europeas y los tratados internacionales. Los artículos de la Constitución o de leyes orgánicas, por ejemplo, pasarán a tener rango de "ley ordinaria".

En un año, según la ley, el Gobierno someterá al Parlament, para su continuidad, renegociación o retirada, el listado de tratados internacionales aplicados a Cataluña que hubieran sido autorizados parlamentariamente. Cuando no hubieran sido autorizados parlamentariamente, el Gobierno adoptará la decisión.

"La ley prevé el control efectivo de las fronteras, pero deja en manos del Govern los detalles", según JxSí y CUP.

La norma habla de "zona económica exclusiva" y prevé que la Agencia Tributaria deje de tener la potestad recaudadora en Cataluña. No se concreta cómo la Generalitat recaudaría impuestos; tampoco se dice qué pasará con la parte de la deuda del Estado que corresponde a Cataluña. Se negociará con el Gobierno español. La Generalitat pasaría a ser autoridad aduanera.

Se contempla el derecho a percibir las prestaciones sociales públicas -Seguridad Social y otras- reconocidas a la entrada en vigor de la ley. "Se reconocen también los períodos de cotización al sistema de Seguridad Social realizados en el territorio de Cataluña, a efectos de carencia y de cálculo, así como al de otros Estados".

La norma no prioriza el catalán, sino que establece que "todas las personas tendrán derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas y ejercer el derecho de opción en relación a catalán, castellano y occitano".

Las resoluciones firmes antes del cambio "mantendrán esta condición". La Audiencia Nacional ya no tendrá competencia en territorio catalán y el TSJ de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo de Cataluña. Además, el fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlament y no por el Govern. Los jueces, magistrados, letrados y fiscales podrían seguir en sus plazas, salvo que renuncien. Se crearán una Sala de Gobierno del Tribunal Supremo -como el CGPJ- y una Comisión Mixta de Supremo y Govern.

Según la ley, el Ejército español debería dejar de tener jurisdicción en el territorio catalán y debería abandonar Cataluña. JxSí y CUP dejan para el debate constituyente si Cataluña tendrá ejército propio. Se eliminará la jurisdicción militar.