La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto una pena de seis años de prisión al que fuera administrador de Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión S.A, Joaquín de F.M.C, con oficina central en Valladolid, como autor de la estafa continuada cometida entre 1999 y 2008 de la que fue víctima más de un centenar de afectados, tanto de Castilla y León como de Madrid, Sevilla y Galicia.

Tras el juicio celebrado el pasado mes de julio, la Audiencia Nacional impone a Joaquín F.M.C-el otro administrador, L.B.P, no ocupó banquillo porque falleció en 2016-la citada pena privativa de libertad y una multa de 18.000 euros como autor de un delito continuado de estafa, agravado por razón de su cuantía, en concurso con otro de falsedad en documento mercantil, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado ha sido hallado responsable directo del pago de indmnizaciones por importe de 24.699.822 euros, con la particularidad de que el tribunal exime de la responsabilidad subsidiaria a la entidad lusa Caixa Geral, lo que cierra la posibilidad de los afectados de cobrar las cantidades reclamadas.

Además del principal inculpado, compartieron banquillo con él su esposa y el hijo de ambos, así como Lorenzo S.C. y varias sociedades, en calidad de partícipes a título lucrativo. Así, mientras que la esposa ha sido eximida de la responsabilidad civil, el hijo habrá de abonar 52.132,96 euros, Lorenzo S.C. y su sociedad Opabimia S.L. 801.626,71 euros-recibió dinero de Riverduero para desarrollar un programa informático-y la mercantil Delforca 2008 Sociedad de Valores habrá de hacer lo propio con 24.641,50 euros.

ANTICIPO DE RECURSO AL SUPREMO

El fallo, que no considera acreditado que Caixa Geral infringiera la normativa existente, ha sido acogido con decepción por el letrado de la acusación particular, Francisco Llanos, de Adicae, que, en declaraciones a Europa Press, ha anticipado la presentación de un recurso de casación ante el Supremo.

"Consideramos totalmente insuficiente el fallo, pues entendemos que esta entidad sí infringió la normativa reglamentaria y su no condena supone la imposibilidad de cobrar", lamenta el letrado.

Los hechos objeto de la presente causa recayeron en 2008 en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, que más tarde acordó inhiberse en favor de la Audiencia Nacional al entencer que los mismos excedían de su competencia ya que buena parte de los afectados, más de un centenar, procedían de la provincia vallisoletana, así como de Madrid, Sevilla, Galicia y Palencia.

La detención de los dos administradores de Riverduero, con oficina principal en Valladolid y delegación en Sevilla, se produjo el día 15 de febrero de 2008 en los alrededores de la oficina, situada en la Plaza Mayor de Valladolid.

Las investigaciones se iniciaron tras las denuncias presentadas ante el Juzgado de Instrucción de Guardia por varios clientes contra los administradores de la sociedad mercantil, en las que reconocieron haber confiado importantes cantidades de dinero a la citada empresa para su posterior inversión en productos derivados aunque no pudieron recuperar sus fondos a pesar de haberlo intentado en repetidas ocasiones en las que los administradores les dieron continuas largas.

Tras las denuncias, el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid encomendó con carácter urgente la investigación de los hechos al Grupo de Delincuencia Económica, cuyos agentes concluyeron, tras tomar declaración a varios clientes y recabar información en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), brokers y entidades financieras, que la sociedad funcionaba como un "chiringuito financiero".

En este sentido, las mismas fuentes aseguraron que Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión S.A. no estaba debidamente registrada en la CNMV para prestar los servicios que ofrecía, cuestión que ocultaban a clientes y empleados, y que la empresa ofrecía productos inexistentes o con elevados rendimientos a través de la inversión en productos derivados que pueden conllevar el riesgo de pérdida total de la inversión, de lo que no informaban de manera correcta a los clientes.

Asimismo, la empresa no llevaba las cuentas individualizadas con las posiciones de cada cliente ni la más mínima contabilidad, hasta el punto de que las cuentas anuales que depositaban en el Registro Mercantil "no se correspondían con la realidad".

INVERSIÓN SIN COBERTURA

De la información recabada durante la investigación, la Policía determinó que Riverduero comenzó a invertir capital procedente de las aportaciones de los clientes a partir de 1999 y sin ningún tipo de cobertura, por lo que obtenía importantes pérdidas de las que no informaba a los clientes, que en todo momento pensaban que su dinero era invertido con garantías y plena cobertura.

Por ello, cuando los clientes pedían el reembolso de su capital invertido más los intereses, los administradores de la empresa lo devolvían pero procedente de las aportaciones de nuevos clientes, que se derivaban también al pago de los gastos ordinarios y de mantenimiento de la sociedad como el alquiler de las oficinas o nóminas muy cuantiosas.

La situación se volvió insostenible a partir del verano de 2007, momento en el que no se podían atender las solicitudes de reembolso de los clientes, que acudían en masa a rescatar sus aportaciones, y tampoco podían hacer frente a los gastos ordinarios, lo que derivó en una situación de total iliquidez e insolvencia patrimonial.

La mayor parte de los clientes son de Valladolid, aunque la cartera de la empresa incluía otros de Palencia, Madrid o Galicia, a los que se suman los de la delegación de Sevilla, que contaba con numerosos clientes.

Entre los clientes había un grupo con gran capacidad económica y que aportó importantes cantidades de dinero y otros que, en cambio, realizaron aportaciones de menor cuantía y a los que la actuación de los administradores dejó en una situación muy precaria.