La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó este jueves al Govern de Carles Puigdemont de "echar por tierra la mejor Cataluña" al ignorar reiteradamente la ley y las resoluciones de los tribunales, y expresó su propósito de "rescatarla" con el paquete de medidas diseñadas por el Gobierno central al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Sáenz de Santamaría compareció en el Senado, donde se reunió la comisión que tramita el 155 para aprobar el dictamen sobre las acciones propuestas por el Consejo de Ministros. Ese informe se trasladará este viernes al Pleno de la Cámara alta, donde se aprobará previsiblmente con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. A partir de entonces, el Gobierno estará autorizado a activar las medidas excepcionales.

Según la número dos del Ejecutivo, cuatro son los objetivos de la aplicación del 155: "Recuperar la legalidad", "recuperar la convivencia y la normalidad" para acabar con el "desasosiego" de la sociedad catalana, "preservar la recuperación económica y el empleo", y "celebrar elecciones en una situación de normalidad política y neutralidad institucional".

No se trata, argumentó Sáenz de Santamaría, de emplear el artículo 155 para marcar un punto de "principio de un nuevo centralismo político", sino como un "fin de la reiterada desobediencia" de Puigdemont a la ley, una vía de acabar con su "desgobierno" y de acabar con el "viaje a ninguna parte del independentismo" para que se pueda "retornar a la legalidad" y al respeto al "interés general".

La número dos del Gobierno central reprochó a Puigdemont que haya puesto "las instituciones al servicio del independentismo" y que se haya negado al diálogo: "Se han negado a participar en la conferencia de presidentes, se han negado a definir un nuevo modelo de financiación autonómica, se han negado de forma contumaz a acudir a las Cortes Generales...", enumeró.

La vicepresidenta contrapuso esa actitud a la que, a su juicio, ha mantenido el Gobierno central de Mariano Rajoy: "Siempre hemos estado dispuesto a entendernos y a solucionar los problemas de Cataluña", dijo, si bien dejó muy claro que "cualquier Gobierno democrático ha de respetar y hacer respetar las leyes", que en esta caso con la Constitución y el Estatuto de autonomía.

Por todo ello procede aplicar el 155, argumentó: para "asegurar que la ley se cumple" y el "interés general se respeta", y siempre con "proporcionalidad, gradualidad y limitación en el tiempo" de las medidas excepcionales. "Es un paso a favor del Estado de derecho, la lealtad entre instituciones, el respeto a la pluralidad, la diversidad y la convivencia", concluyó.

Ello permitirá, confío la vicepresidenta, atajar las consecuencias negativas del procés: la "fuga de 1.502 empresas", la caída "drástica" del turismo, la "posible bajada" de la calificación de la deuda de la Generalitat, la "amenaza de recesión" de la economía catalana.

"No hay precedente de la actitud de la Generalitat (...). En contra de sus promesas, no han traído la tierra prometida: han fracturado la convivencia y han lelvado los problemas de las instituciones a la calle y de la calle al interior de las casas". "Pedimos su autorización –concluyó– para defender el interés general y para que todos nos sintamos partícipes de un proyecto compartido, que es España".

Por el grupo socialista, su portavoz, Ander Gil, propuso introducir tres cambios en las medidas diseñadas por el Gobierno: dejar a TV3 fuera del control del Ejecutivo central, que el 155 se aplique si Puigdemont convoca elecciones autonómicas dentro de la ley en las próximas horas y que el Gobierno se comprometa a una aplicación "proporcional" del 155, graduando su intensidad a las circunstancias y, si es posible, anticipando el final de su uso.

El objetivo de esos cambios, dijo Gil, es que "desde el principio la aplicación del 155 sea lo menos intensa posible" y que la "vuelta a la legalidad" se haga "mediante el uso inteligente del Estado de derecho" y con unas elecciones "con garantías democráticas". "Apoyamos al Gobierno frente al desmembramiento de España, pero no aplaudimos todos lo que hace. Porque estamos con la Constitución y no con el Gobierno, somos críticos con su propuesta", resumió.

Fuentes del PP que cita la Agencia EFE apuntan que el PP acepta la tercera propuesta del PSOE, referida a la aplicación "proporcional y responsable" del 155, "modulando" su aplicación, pero por ahora se muestra contrario a la paralización de las medidas excepcionales en el caso de que se convoquen elecciones autonómicas.

En su intervención, Gil apeló directamente al president para pedirle que "convoque elecciones" y evite un "desastre" del que "España y Cataluña tardarán mucho en recuperarse". El socialista acusó a Puigdemont de perpetrar "el más grave incumplimiento de la Constitución desde el 23F", de "desoír todas las advertencias" y de falta de "credibilidad", por pedir diálogo y "despreciarlo" cuando se le ofrece, no respondiendo a la invitación del Senado.

El portavoz del PSOE reiteró que su partido estará "siempre con la Constitución Española y con el Estado social y democrático de derecho", pero también introdujo críticas al Gobierno de Rajoy, que ha generado "desencuentro", ha sembrado "discordia" sólo para obtener "réditos electorales" y con el recurso al Estatut de Cataluña aprobado en 2006 y sobre el que falló el Tribunal Constitucional en 2010.

Unidos Podemos, por su parte, crítico por boca de su senador Óscar Guardingo el "trámite heterodoxo" y apresurado que, en opinión de su grupo, ha seguido la tramitación del 155 en la Cámara Alta. Además, Guardigo dijo que el Gobierno de Rajoy pretende la "castración de competencias" del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas "cuando le vaya bien" al PP.

Más duras fueron las palabras del portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, quien manifestó su "rotundo" rechazo al 155. El portavoz del grupo catalán acusó a Gobierno, PP, PSOE y Ciudadanos de perpetrar un "ataque a la democracia y el autogobierno" que recupera "el espíritu del franquismo" y saltándose "el Estado de derecho". "Esta aplicación tan dura no es respetar la voluntad de los catalanes, es imponer lo que les viene bien".

Cleries insistió en que el paquete de medidas del Gobierno implica un "golpe de Estado del nacionalismo español" y una "usurpación de competencias". "Hoy vemos el 155, que es el decreto de nueva planta de Felipe VI", concluyó el senador catalán.

En esa misma línea, Miquel Angel Estradé (ERC) lamentó que se vaya a "liquidar el autogobierno de Cataluña" y prometió que su partido será "siempre fiel" al mandato de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 y de la votación del 1 de octubre, donde "en condiciones heroicas" y frente a una "brutal represión", los catalanes expresaron su voluntad de "constituirse en república independiente".

"Quieren culminar una auténtica ofensiva contra el catalanismo, quebrar sus bases, destruir los grandes consensos, y sembrar confusión y caos para imponerse como minoría que son", zanjó.

También expresó su rechazo Jokin Bildarratz (PNV), que opinó que el 155 diseñado por el Gobierno supone una "desproporción de arriba abajo", que atenta contra la "separación de poderes" y que "suspende la autonomía de facto".