Así lo ha explicado el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, Carlos Conde, que ha añadido que "ahora más que nunca se ha puesto de manifiesto el papel básico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo el territorio español, evidenciándose que la situación laboral de estos Cuerpos debe mejorar respecto a otros cuerpos policiales en otros ámbitos", ha defendido.

También Conde ha considerado "lógico abordar" este debate y "avanzar en las legítimas reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a los desequilibrios retributivos que existen entre los diversos Cuerpos".

En este punto, ha explicado que, en el marco de la negociación que el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior, se está avanzando en dicha equiparación salarial, pero ha considerado "necesario que en 2018 los Presupuestos Generales del Estado pueda recoger una partida presupuestaria a tal fin con el objetivo de ir resolviendo progresivamente el desequilibrio existente en la actualidad".

Por otro lado, Conde ha incidido en que esto "no es una moción que verse sobre el proceso independentista", sino que "trata de apoyar y respaldar el trabajo que miles de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña vienen desarrollando en condiciones complicadas".

"Nos debemos situar en el contexto actual", ha sostenido, recordando que Puigdemont "sigue tensando la cuerda y desafinando y atacando la democracia española y las normas institucionales". "Ha dinamitado el Estado de derecho en Cataluña, y todo a pesar de la activación del artículos 155 por parte del Gobierno", ha lamentado.

En este punto, ha sostenido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "han sido objeto de acoso constante, han sufrido ataques por el hecho de realizar su labor y defender el Estado de derecho", recordando, al respecto, que "la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de éste y otros delitos".

Conde ha afirmado que "las explosiones de violencia" tienen que ver con los llamados "delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático". "No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico", ha incidido.

"La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas", ha sostenido.

A su juicio, "es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

Además, ha considerado "injusto e intolerable" que se les trate "como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos".

En la moción también el PP pide el "apoyo y respaldo incondicional" a la Policía Nacional y la Guardia Civil "en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles".

Asimismo, condenan el acoso "sistemático" al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia.

Por otro lado, piden utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes.

Por último, entre otros puntos piden actuar, con las herramientas del Estado de derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, "conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España".